Forman parte de la terna: Miguel Ángel Calderón Espinoza, Juan José Ríos López y Gloria Armida Uriarte Uriarte
Redacción
CULIACÁN, Sin.- El pleno de la Diputación Permanente dio lectura a la terna enviada por el gobernador Rubén Rocha Moya para ocupar el cargo de Comisionado Estatal de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.
La diputada Gloria Himelda Félix Niebla, secretaria de la Diputación Permanente, en funciones de Presidenta, turnó el oficio a las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Derechos Humanos para su análisis y determinación.
Forman parte de la terna:
Miguel Ángel Calderón Espinoza.
Juan José Ríos López.
Gloria Armida Uriarte Uriarte.
El jefe del Ejecutivo estatal señala en el oficio que quienes integran la terna cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 118 de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa y además cumplen con el perfil de idoneidad.
De igual manera señala que para la integración de la terna se han observado los principios que dan marco a la citada ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.
El Ejecutivo estatal precisa que las evidencias del cumplimiento de los requisitos formales y de las trayectorias que sustentan los perfiles de idoneidad se acompañan al presente comunicado para el debido análisis y valoración.
Debido a lo anterior se considera que las personas propuestas justifican plenamente las cualidades, conocimientos y experiencias que resultan relevantes para el debido ejercicio del cargo de Comisionado Estatal y para el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.
Además, se añade, su plan de trabajo, hoja de vida, visión estratégica y el haberse desempeñado destacadamente en actividades relacionadas con la materia de atención a víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, acreditan una actitud de compromiso con la integridad, los valores éticos y las normas de conductas necesarias para lograr los objetivos de la Comisión, consistentes en garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia.
