Por cada 100 mil habitantes es la octava entidad con mayor población carcelaria del país
Jorge Quevedo
NAVOLATO, Sin.- Sinaloa registra en sus penales estatales una sobrepoblación de 84 por ciento, indican las estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México del Inegi.
Por cada 100 mil habitantes Sinaloa tiene 181 personas recluidas en los centros penitenciarios, lo que la ubica como la octava entidad con mayor población carcelaria del país sólo por debajo de estados como Baja California (363), Ciudad de México (351), Colima (332), Sonora (268), Chihuahua (204), Jalisco (193) y Baja California Sur (197).
En el estado el 40 por ciento de la población penitenciaria aún no ha recibido sentencia.
Además, Sinaloa junto a otras cuatro entidades del país, no comprobó tener espacio para personas en proceso de sentencia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que mezclar a quienes cumplen una sentencia condenatoria con quienes aún son parte de un proceso vulnera los derechos humanos, particularmente de este último grupo, pues no sólo pierden sus ingresos y se separan de sus familias, también están expuestos a violencia, insalubridad así como la corrupción que se vive en las cárceles.
Todo lo anterior sin haber demostrado su culpabilidad. Además, el organismo internacional reitera que, mantener reclusos a personas con procesos inconclusos, propicia que los jueces sean más propensos a dictar sentencias condenatorias, pues de lo contrario sería admitir que mantuvieron preso a un inocente.
Por tipo de fuero, la entidad conserva una población consignada por fuero común cercana al 80 por ciento, casi un 20 por ciento por delitos federales y una cantidad casi nula por ambos delitos.
Según el documento, el uso indiscriminado de la prisión puede conducir a la saturación de los penales y con ello dificultar la reinserción social. Por tal motivo conviene poner especial atención en los establecimientos penitenciarios cuya población sin condena pueda acceder a medidas cautelares establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
