La denuncia pública realizada por el abogado Israel Bringas tiene un trasfondo meramente político y carece de sustento jurídico
Redacción
CULIACÁN, Sin.- Martín Antonio Sotomayor, abogado de la familia Ortiz Hernández, aseguró que la denuncia pública realizada por el abogado Israel Bringas tiene un trasfondo meramente político y carece de sustento jurídico.
Así lo afirmó al explicar los antecedentes legales del caso, el cual —dijo— deriva de un conflicto de carácter mercantil con Banca Serfín.
De acuerdo con Sotomayor, el origen del litigio se relaciona con la supuesta cesión de derechos de parte litigiosa correspondiente a gastos de un juicio, que presuntamente habría sido transmitida a favor del licenciado Bringas por una persona ya fallecida. Dicha cesión, señaló, fue realizada ante el notario público Manuel Lazcano Meza, a quien —según el abogado— le fue retirado su fiat notarial y no goza de buena reputación.
El abogado sostuvo que el convenio de cesión de derechos presenta inconsistencias graves, ya que se habría sustentado en una credencial expedida en 2015 y ratificada en 2014, lo cual calificó como “jurídicamente imposible”. Por ello, afirmó que el documento es nulo de pleno derecho.
A pesar de estas irregularidades, explicó Sotomayor, con base en dicho convenio se ordenó el embargo de bienes a la familia Ortiz Hernández, situación que incluso sorprendió a la jueza del Juzgado Tercero Civil. Posteriormente, agregó, se ordenó el embargo del menaje de casa, el cual —subrayó— es inembargable conforme a la ley.
El abogado también denunció que la familia ha sido objeto de amenazas a través de mensajes y llamadas telefónicas por parte de personas que se identifican como integrantes de la delincuencia organizada. Ante estos hechos, informó que ya existe una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en la Ciudad de México.
Sotomayor detalló que, como parte de la carpeta de investigación, se han aportado diversas pruebas, entre ellas videos, audios y testimoniales. Asimismo, indicó que se promovió un incidente ante el Juzgado Tercero Civil y se interpuso una denuncia por el presunto uso de documentos falsos.
Martín Antonio Sotomayor, abogado de la familia Ortiz Hernández, aseguró que la denuncia pública realizada por el abogado Israel Bringas tiene un trasfondo meramente político y carece de sustento jurídico.
Así lo afirmó al explicar los antecedentes legales del caso, el cual —dijo— deriva de un conflicto de carácter mercantil con Banca Serfin.
De acuerdo con Sotomayor, el origen del litigio se relaciona con la supuesta cesión de derechos de parte litigiosa correspondiente a gastos de un juicio, que presuntamente habría sido transmitida a favor del licenciado Bringas por una persona ya fallecida. Dicha cesión, señaló, fue realizada ante el notario público Manuel Lazcano Meza, a quien —según el abogado— le fue retirado su fiat notarial y no goza de buena reputación.
El abogado sostuvo que el convenio de cesión de derechos presenta inconsistencias graves, ya que se habría sustentado en una credencial expedida en 2015 y ratificada en 2014, lo cual calificó como “jurídicamente imposible”. Por ello, afirmó que el documento es nulo de pleno derecho.
A pesar de estas irregularidades, explicó Sotomayor, con base en dicho convenio se ordenó el embargo de bienes a la familia Ortiz Hernández, situación que incluso sorprendió a la jueza del Juzgado Tercero Civil. Posteriormente, agregó, se ordenó el embargo del menaje de casa, el cual —subrayó— es inembargable conforme a la ley.
El abogado también denunció que la familia ha sido objeto de amenazas a través de mensajes y llamadas telefónicas por parte de personas que se identifican como integrantes de la delincuencia organizada. Ante estos hechos, informó que ya existe una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en la Ciudad de México.
Sotomayor detalló que, como parte de la carpeta de investigación, se han aportado diversas pruebas, entre ellas videos, audios y testimoniales. Asimismo, indicó que se promovió un incidente ante el Juzgado Tercero Civil y se interpuso una denuncia por el presunto uso de documentos falsos.
Finalmente, el representante legal de la familia Ortiz reiteró que el caso deberá resolverse en los tribunales y confió en que las autoridades judiciales determinen la nulidad de los actos que, a su juicio, se han realizado con base en documentos irregulares.
