Buscan fortalecer el marco jurídico para combatir esta modalidad delictiva
Redacción
CULIACÁN, Sin.- Con la votación a favor de 34 diputados y diputadas, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó el dictamen mediante el cual se adiciona el artículo 207 Bis C al Código Penal estatal, el cual tipifica como delito el robo equiparado de vehículos arrendados y fortalecer el marco jurídico para combatir esta modalidad delictiva, utilizada de manera recurrente por la delincuencia organizada y otros grupos criminales.
La reforma fue impulsada por legisladores y legisladoras integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, así como ciudadanos y ciudadanas promoventes, y analizada por la Comisión de Justicia, que determinó su viabilidad jurídica y social del proyecto.
La modificación legal establece que comete el delito de robo equiparado quien, tras arrendar un vehículo automotor terrestre, no lo devuelva sin causa justificada y sin el consentimiento del arrendador, conducta que será sancionada con penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de cien a trescientos días.
Además, se contempla el aumento de la pena hasta en una mitad más cuando el responsable incurra en conductas agravantes como la utilización del vehículo para cometer otros delitos, su desmantelamiento, enajenación fraudulenta o traslado a otra entidad federativa.
El dictamen establece que el uso de vehículos arrendados para actividades ilícitas representa una problemática creciente en la entidad, afectando la seguridad pública, el patrimonio de las empresas arrendadoras, el sector turístico y la confianza en el mercado de alquiler de automóviles. Se señaló que el marco normativo vigente resultaba insuficiente, ya que en muchos casos estas conductas solo podían clasificarse como abuso de confianza o quedaban fuera de tipificación penal, lo que generaba escenarios de impunidad.
La Comisión de Justicia consideró que la figura del robo equiparado permite sancionar adecuadamente conductas que, aunque no encajan plenamente en el tipo penal clásico de robo, producen un daño patrimonial grave y responden a un modus operandi doloso desde el inicio del contrato de arrendamiento.
Con ello, se busca otorgar mayor certeza jurídica, cerrar vacíos legales y dotar a las autoridades de herramientas más eficaces para la persecución y sanción de estos delitos.
El dictamen aprobado también precisa que no se configurará el delito cuando el arrendatario no pueda devolver el vehículo por causas justificadas, siempre que se sujete a la compensación previamente acordada, y establece que la reforma no genera impacto presupuestal para las finanzas públicas estatales.
