El decreto violenta el principio de equidad legislativa porque no se prohíben las charreadas ni las peleas de gallos, donde también hay maltrato animal
Redacción
CULIACÁN, Sin.- Que el Congreso del estado de Sinaloa retome la prohibición de las corridas de toros y apruebe el decreto vetado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, cuyos argumentos no son válidos jurídicamente, señalaron participantes en foro virtual.
El Congreso, a través de Comisiones Unidas, de Puntos Constitucionales y Gobernación; Ecología y Desarrollo Sustentable y de Justicia, realizó foro para analizar las observaciones que el titular del Ejecutivo estatal realizó al decreto 581, en el punto de la tauromaquia.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el diputado Horacio lora Oliva, explicó que el decreto observado es relativo a la protección de animales, emitido el 28 de enero de 2021, y que tiene que ver con la prohibición de la tauromaquia.
Explicó que el Ejecutivo estatal decidió vetar este decreto sobre la base de que el mismo observa la configuración de dos regímenes jurídicos, uno que prohíbe la tauromaquia y otro que permite la charrería y las peleas de gallos, y que en consecuencia se cae en un acto de discriminación e inequidad.
Sobre estos argumentos del Ejecutivo estatal, el abogado ponente Josemaría Férez Gil, quien ya ha trabajado en temas similares en los estados de Coahuila, Guerrero, Sonora y Quintana Roo, en donde las prohibiciones de las corridas de toros están vigentes, pese a que hubo amparos en contra.
Se refirió a la observación hecha por el Ejecutivo de que el decreto violenta el principio de equidad legislativa porque no se prohíben las charreadas ni las peleas de gallos, donde también hay maltrato animal, y que en consecuencia se debería prohibir todo o bien permitir todo.
Ante ello, el abogado participante en el foro, expuso que el Poder Judicial de la Federación ya estableció que no se incurre en inequidad legislativa cuando se prohíbe una actividad y las demás no.
Como ejemplo de ello citó la prohibición ya establecida de las peleas de perros, que se califica como un delito equiparado al de delincuencia organizada.
En cuanto a que la prohibición de las corridas de toro atenta contra una minoría, el abogado expuso que los organizadores de estos eventos no forman parte de un grupo histórico discriminado.
Otro argumento del Ejecutivo estatal, en el sentido de que el Decreto aprobado por el Congreso, en lo relativo a la prohibición de las corridas de toro no tiene sustento constitucional, Férez Gil expuso que eso es falso, ya que en diversos precedentes jurisdiccionales se ha establecido que los estados que integran la República Mexicana son libres y soberanos para determinar qué tipo de espectáculos se permiten en su territorio.
Puntualizó que la Suprema Corte de Justicia expuso que las leyes que prohíben el maltrato animal tienen fundamento en el artículo 124 de la Constitución Política de México.
Los eventos taurinos, aclaró, no están protegidos por la Constitución como actos culturales, ni se violan derechos humanos con su prohibición.
Además, expuso, la misma Suprema Corte ha establecido que la prohibición de corridas de toros y peleas de gallos es idónea, necesaria y proporcional.
De igual manera, expuso, esta instancia no ha establecido que acudir a estos eventos sea un derecho y que ello no se puede prohibir.
En el tercer punto observado por el Ejecutivo estatal, agregó, se señala que se violentan los derechos a tener una libre personalidad, pero eso es falso, y lo ha confirmado la autoridad jurisdiccional al haber negado amparos en los estados citados.
También es falso, agregó, el argumento del Ejecutivo estatal de que el Congreso del Estado afectó los usos y costumbres de Sinaloa, pues en Sinaloa no hay actividades taurinas desde hace mucho tiempo, e incluso la única Plaza de Toros, que hay y que está en Mazatlán, está embargada por el SAT y se encuentra en ruinas.
En el evento se hicieron presentes virtualmente las diputadas y diputados Graciela Domínguez Nava, Pedro Alonso Villegas Lobo, Mario Rafael González Sánchez, Florentino Vizcarra Flores, Ana Cecilia Moreno Romero, Jesús Armando Ramírez Guzmán, María Victoria Sánchez Peña, Alma Rosa Garzón Aguilar, Jorge Iván Villalobos Seáñez, Marco Antonio Zazueta Zazueta, Karla de Lourdes Montero Aguilar.
Quienes expusieron sus opiniones fueron Graciela Domínguez Nava, Pedro Alonso Villegas Lobo, Alma Rosa Garzón Aguilar, Jorge Iván Villalobos Seáñez y Karla de Lourdes Montero Alatorre.
Coincidieron en que se debe trabajar por la protección de los animales y por prohibir todo tipo de violencia y maltrato en su contra.
En el foro, que duró más de dos horas, participaron representantes de diversas asociaciones y grupos protectores de animales, como Brenda González, Andrea del Rocío Sarabia García, Olivia Millán Aguilar, Ruby Mariana Romero Hernández, Rebeca Uriarte, Gabriela López Juárez, Antonio Franyuti, Adriana Buenrostro, Mary Patiño, Alejandro Sáinz, José González, Ana Yolanda Elizalde Gastélum.
En sus participaciones hicieron hincapié que las corridas de toros no son un espectáculo ni una tradición en Sinaloa, sino más bien son un acto de crueldad y tortura de los animales, y varios coincidieron con el abogado de que jurídicamente no proceden las observaciones hechas por el Ejecutivo estatal.
Advirtieron que los actos de violencia que se ven en las corridas de toros pueden incidir en los espectadores a que cometan otros actos similares en contra de otros animales.
Además, lamentaron que en Sinaloa el maltrato en contra de animales domésticos es una constante.
En el foro también participaron representantes de organizaciones promotoras de las corridas de toros, como Tauromaquia Mexicana,
Manuel Sescosse, José Saborit y Jorge Cárdenas Rivera, promotores de corridas de toros y ganaderos, se pronunciaron a favor de mantener el espectáculo de la tauromaquia, pues argumentaron que es una tradición que data desde hace más de 500 años, que genera empleos y que se tiene una crianza de calidad de todo el ganado utilizado en las corridas.
La clausura del foro estuvo a cargo de la diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, presidenta de la Comisión de Justicia, quien reiteró su compromiso por sacar adelante el decreto vetado, pues afirmó que fue producto de un dictamen de un cuidadoso trabajo legislativo y de apertura a la participación de la sociedad. (Fotografía: Tauromaquia)
