Las autoridades no han sido capaces de dar una versión creíble de lo sucedido aquella noche
Proceso
CIUDAD DE MÉXICO.- Al cumplirse tres años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la PGR sostiene que agotó 91 por ciento de las líneas de investigación marcadas por los padres de familia de los jóvenes y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sin embargo, pese a ello, no ha logrado esclarecer lo sucedido a los estudiantes ni dar con su paradero.
Hace tres años, siendo procurador Jesús Murillo Karam, éste afirmó que la noche del 26 de septiembre de 2014 los estudiantes habían sido secuestrados por integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, que opera en Iguala, Guerrero, quienes trasladaron a los normalistas al basurero de Cocula, en donde los arrojaron formando una gran pira, para luego prenderles fuego y al día siguiente arrojar sus cenizas al cauce del río San Juan.
Esta versión se desechó desde el primer día con ayuda de expertos en incendios y explosivos, como lo publicó la revista Proceso esa misma semana.
En el transcurso de tres años, la versión de Murillo Karam, que él mismo llamó “la verdad histórica” de los hechos, día con día se viene abajo y las autoridades no han sido capaces de dar una versión creíble de lo sucedido aquella noche.
En un comunicado, la PGR sostuve que, a tres años de los trágicos y condenables hechos, se ha enfocado en agotar todas las líneas de investigación que han resultado necesarias, entre las que en encuentran aquellas planteadas por los familiares de las víctimas, Grupo de Expertos, así como las relacionadas con las observaciones de la CNDH.
Según el boletín, de las 973 recomendaciones y peticiones que hiciera en su momento el GIEI, “puede afirmarse que se han atendido casi en su totalidad”.
Contrario a las reiteradas quejas de los padres de familia por la falta de veracidad en la investigación, la PGR asegura que en todo momento se ha obrado con objetividad en este caso, cuya investigación constituye la más amplia realizada en época alguna por la Procuraduría General de la República. Los más de 500 tomos del expediente así lo confirman, justifica.
Continúa el comunicado: “Hay más de 120 personas bajo proceso judicial como resultado del trabajo de investigación en torno al caso. 71 de ellas están acusadas del secuestro de los 43 jóvenes estudiantes. Si bien no se cuenta aún con sentencias, ello se debe principalmente a dos razones sustantivas: uno, que los procesados han estado agotando toda clase de recursos legales en contra de las decisiones judiciales que se van emitiendo; y, dos, que no es legalmente posible cerrar la instrucción de esos procesos mientras continúen ofreciendo pruebas”.
Luego hace referencia a que, de los once puntos o temas de referencia, a la fecha se ha dado cumplimiento a los siguientes: La situación específica de elementos policiacos municipales que han pedido se proceda contra ellos; lo relativo al denominado quinto autobús; lo concerniente a la telefonía de los estudiantes desaparecidos, y los detalles sobre la operación que tuvo la noche de los hechos el C4 de Iguala.
Además, el esclarecimiento sobre la identidad de personajes que era imperativo aclarar (“El Caminante” y “El Patrón”), y la definición sobre la existencia o no de responsabilidades de elementos policiacos estatales y federales.
Incluso señala que la obtención de información mediante una solicitud de asistencia jurídica internacional al gobierno de Estados Unidos, sobre el trasiego de drogas de Guerrero a la ciudad de Chicago, por parte del grupo delictivo Guerreros Unidos, se emprendió con múltiples acciones, en terreno, en instituciones y con uso de tecnología avanzada (Lidar).
Actualmente se examinan las imágenes obtenidas en una extensión de 60 kilómetros cuadrados de un área sugerida por la representación de las víctimas, para enseguida proceder a revisar directamente los lugares considerados, por sus características, como de ubicación probable de fosas clandestinas. “Este es el ejercicio con empleo de esa tecnología”.
Por último, asegura que toda la información sobre avances y resultados se ha hecho del conocimiento de los familiares en las reuniones que periódicamente se sostienen con ellos y sus representantes.
