Está localizada en la localidad de Potrero de Tameapa

Redacción

CULIACÁN, Sin.- Esta tarde se reporta el posible derrumbe en una mina localizada en la localidad de Potrero de Tameapa, municipio de Badiraguato.

De acuerdo a un comunicado emitido por Protección Civil, la emergencia está siendo atendida en apoyo coordinado con los cuerpos de socorro.

El director del Instituto de Protección Civil en Sinaloa indicó que se habla de cinco personas que podrían estar atrapadas en el accidente.

En una entrevista a un medio local señaló que en el sitio se encuentra ya personal del municipio y se despliega hacia la zona un operativo del estado.

La Unión de Locatarios del Centro de Culiacán reporta pérdidas por hasta mil 200 millones y el despido de más de 2 mil personas

Redacción

CULIACÁN, Sin.- Debido a la creciente ola de violencia que se vive en Sinaloa, el diputado del PRI, Mario Zamora, solicitó al Poder Ejecutivo implementar acciones y medidas extraordinarias para reactivar la actividad económica, fomentar el consumo y auxiliar a las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad.

A través de un Punto de Acuerdo, el integrante del Grupo Parlamentario del PRI propuso crear un paquete económico emergente dirigido a las y los empresarios, a fin de reactivar la actividad económica y evitar pérdidas mayores.

Este apoyo, explicó, debe incluir créditos blandos para Mipymes a tasa cero; condonación del pago del ISR por 6 meses; otorgar el 50 por ciento de descuento para el pago de luz.

Además de proponer prórrogas para el pago de cuotas del IMSS y condonación del 100 por ciento de multas y recargos derivados de ello, así como disminuir el IVA del 16 al 10 por ciento para incentivar el consumo local.

El legislador refirió que la actividad económica se ha visto fuertemente afectada y una gran parte de los pequeños negocios, como tortillerías, carnicerías, tiendas de abarrotes, talleres mecánicos, papelerías o fondas de comida prefieren no abrir o se han ido a la quiebra.

“Muchos de ellos han visto sus ventas bajar hasta el 100 por ciento. Las empresas más grandes como los supermercados se han visto obligados a reducir sus horarios de servicio para no poner en riesgo a sus empleados, a su clientela y su negocio”, expresó Zamora Gastélum.

Señaló que hoy en día ha surgido una nueva crisis que está afectando a distintas entidades de la República, “esta vez ocasionada por lo que podríamos calificar como narco pandemia y el estado de Sinaloa es el más afectado”, indicó.

El legislador sinaloense recordó que desde el 9 de septiembre, la entidad ha entrado en una espiral de guerra y violencia que ha dejado al menos 179 personas muertas, 160 personas privadas de la libertad, 46 detenidos y 233 reportes de vehículos robados, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado.

Cabe señalar que el costo económico de la violencia en esa entidad ha sido comparable o incluso superior al que se vivió durante la pandemia. Destacó que de acuerdo con las empresas y comercios sinaloenses, así como organizaciones como la Canaco, Coparmex y Canirac, las pérdidas económicas provocadas por esta “narco pandemia” ascienden hasta 500 millones de pesos diarios. Y tan sólo entre el 9 y el 12 de septiembre se habrían perdido casi 2 mil millones de pesos.

El congresista concluyó que la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, reportó pérdidas por hasta mil 200 millones de pesos y el despido de más de 2 mil personas.

Confirma el cumplimiento de los fundamentos básicos de contabilidad gubernamental

Redacción

CULIACÁN, Sin.- El Pleno del Congreso de Sinaloa aprobó por mayoría el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, que confirma el cumplimiento de los fundamentos básicos de contabilidad gubernamental por parte de los entes auditados.

El documento, presentado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), verifica que tanto el gobierno estatal como los municipios se apegaron a sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos, manteniendo el balance presupuestario dentro de los principios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera.

La fiscalización constató que los recursos para servicios personales no excedieron los límites de crecimiento permitidos y que el ejercicio del gasto público está respaldado con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que cumplen con los requisitos fiscales federales.

El Informe señala la existencia de pasivos por pagar a corto plazo de ejercicios anteriores, principalmente relacionados con el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), el ISSSTEESIN y sindicatos estatales, aunque estos no constituyen desviaciones presupuestales del ejercicio actual.

El dictamen del Informe General presentado por la ASE fue aprobado por la mayoría de los diputados y diputadas. Los integrantes de la bancada del PRI votaron en contra del documento.

El Gobernador adelantó que enviará un oficio para que se explore la posibilidad de concretar esta consulta ciudadana

Redacción

LOS MOCHIS, Sin.- Respeto el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que considera las solicitudes de consulta ciudadana para la revocación de mandato como inaplicables, sin embargo, mi opinión personal es que sí debería ser realizada y así lo externaré por escrito al órgano electoral, señaló el Gobernador Rubén Rocha Moya al ser abordado por representantes de medios de comunicación sobre este tema, tras concluir un evento en el ejido Primero de Mayo.

“Yo voy a mandar un oficio donde pido que se aplique la revocación de mandato, yo quiero someterme, para eso fui yo quien mandó la iniciativa de ley y estoy en la idea de que se aplique conmigo, que lo resuelvan o que no siga, que lo digan”, comentó el mandatario estatal.

Rocha Moya precisó que fue él como Senador de la República quien presentó esta conocida reforma a la Ley Electoral para que los gobernantes puedan someterse a la mitad de su mandato a un plebiscito en el que los ciudadanos tengan la oportunidad de decidir si pueden o no continuar en el cargo.

El Gobernador concluyó refrendando su respeto a la decisión del Instituto, que consideró como criterio final que se estaría aplicando esta disposición de manera retroactiva, afectando así la legalidad del marco legal vigente, pero detalló que su intención es respetar la voluntad de la ciudadanía dentro de dicha consulta popular.

Argumenta el IEES que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna

Redacción

CULIACÁN, Sin.- En estricto apego a la garantía de seguridad jurídica tutelada por el artículo 14 constitucional, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establecen que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) resolvió que no es procedente el inicio del instrumento de participación ciudadana de revocación de mandato solicitado en tres peticiones diversas, en relación con el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa.

Esto es así, considerando que el día 6 de junio de 2021 en que la ciudadanía sinaloense eligió al titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Sinaloa, lo realizó para que ejerciera dicho cargo por un periodo de seis años, comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de octubre de 2027, y que en ese momento no existía en el marco jurídico disposición alguna que previera la posibilidad de que terminara anticipadamente.

En efecto, con posterioridad al proceso electoral en que se eligió al titular de la Gubernatura del Estado, mediante decreto número 138, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, el 17 de junio de 2022, se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de Revocación de Mandato.

Asimismo, el 02 de febrero de 2024 se publicó la Ley de Revocación de Mandato para el Estado de Sinaloa, dos años siete meses y 27 días después de haberse realizado la elección correspondiente y dos años tres meses un día después de que el titular del Ejecutivo rindió la protesta ante el Congreso como Gobernador.

En ese sentido, es evidente que tanto la reforma a la Constitución Local como la promulgación de la Ley de Revocación de Mandato, entraron en vigor en fechas posteriores a la fecha en que el actual Titular del Ejecutivo Estatal fue electo.

En consecuencia, este Instituto, en estricto apego a los principios rectores de legalidad y certeza estima que es improcedente el instrumento de participación ciudadana de revocación de mandato solicitado, dado que, de aplicar la Ley de Revocación de Mandato para el estado de Sinaloa, generaría efectos retroactivos en perjuicio de la persona titular del Poder Ejecutivo, así como de los derechos político-electorales de la ciudadanía que emitió su sufragio bajo unas reglas que no contemplaban en el marco jurídico vigente la figura de la revocación de mandato, lo que se traduciría en una violación a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, es aplicable lo que dispone la SCJN, en su Jurisprudencia “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA”, y lo establecido en la Jurisprudencia 20/2010 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “DERECHO POLITICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO”, puesto que en ambas se advierten situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a la expedición e inicio de vigencia de la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Sinaloa.

Un caso similar que sirve de precedente para sustentar el acuerdo emitido por este Instituto, es el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF al emitir la sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-134/2019 Y SU ACUMULADO, relativo a una solicitud de revocación promovida en contra del entonces titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en el cual el máximo órgano jurisdiccional electoral en el país, consideró que no era procedente aplicar una ley aprobada con posterioridad a la jornada comicial en que resultó electo el gobernador de esa entidad, porque se aplicaría de manera retroactiva en su perjuicio, afectando las condiciones bajo las cuales se eligen los cargos de elección popular.

Aunado a lo anterior, se estima que no es aplicable la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Sinaloa al actual titular del Poder Ejecutivo Estatal, toda vez que se vulneraría el principio de certeza, considerando que de conformidad con el artículo 105 de la Constitución Federal, las normas en materia electoral deben emitirse con 90 días de anticipación al inicio de proceso electoral correspondiente, pues se debe contar de manera oportuna con el marco normativo aplicable al proceso electoral y con el que participan las personas candidatas y electoras. Es decir, de verificarse modificaciones que impacten las reglas del proceso electoral -entre lo que se considera fundamental el periodo para el cual se convoca a elegir a una persona en un cargo- estas no necesariamente serán invalidadas, sino que se aplicarían en el futuro.

Dicho de otra manera, la normativa no puede modificarse durante el propio proceso electoral, así como tampoco podría modificarse ni durante ni después de la elección, como podría ser la temporalidad del cargo, ya que quienes participan en el proceso deben tener claro los requisitos para ser candidato, las reglas en las que compiten en el proceso electoral así como el tiempo del ejercicio del cargo, y la propia ciudadanía al momento de elegir tendrá claro la duración del cargo para el que emite su sufragio.

Por las consideraciones y fundamento legal antes citado, este Instituto estima que no es procedente el inicio del instrumento de participación ciudadana de revocación de mandato al titular del Poder Ejecutivo del estado.

La propuesta presentada este miércoles ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo

Redacción

CULIACÁN, Sin.- Los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, en conjunto con el Presidente Municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, y regidores de diversos municipios, presentaron una iniciativa de Ley que propone establecer la figura de Regidor Protector de los Animales en los 20 Ayuntamientos del estado.

El diputado coordinador de la bancada de MC en el Congreso de Sinaloa, Sergio Torres Félix, dio a conocer que la propuesta presentada este miércoles ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, busca que los presidentes municipales o el Cabildo en conjunto, decidan qué regidor fungirá como encargado de darle seguimiento a los casos de maltrato animal en su municipio.

“Estamos proponiendo esta iniciativa, porque viendo que hay mucho maltrato animal, ocupamos llevar a cabo acciones, para que esto se corrija, y estamos proponiendo que en cada uno de los 20 Ayuntamientos se nombre, por el presidente municipal, a un Regidor Protector de los Animales”, indicó.

El legislador comentó que la propuesta no requiere presupuesto adicional por parte de los Ayuntamientos, sino únicamente voluntad política tanto del Congreso como de las presidencias municipales, ya que existe la infraestructura y las figuras que se necesitan para realizar el trabajo.

Añadió que la designación de un regidor específico para esta tarea facilitaría la vinculación entre la sociedad civil y las autoridades correspondientes, estableciendo un canal directo para el seguimiento de denuncias y casos relacionados con el tema de agresiones a los animales.