Entre seis indiciados más se encuentran el exsecretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal, y el exsecretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Luis Sevilla
Redacción
NAVOLATO, Sin.- Al menos seis funcionarios más de la administración del exgobernador Mario López Valdez fueron inhabilitados en plazos que van desde los seis meses hasta los siete años.
Entre los indiciados se encuentran el exsecretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, y el exsecretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Luis Sevilla Suárez, a quienes se les inhabilitó por siete y tres años, respectivamente.
La titular de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Yan Rubio, y el subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Arturo Aviña Martínez, dieron a conocer los dictámenes mediante los cuales estos ex funcionarios quedaron inhabilitados para ejercer empleo, cargo o comisión en el servicio público dadas las irregularidades detectadas por esta Secretaría y por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
En el caso del ex secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, se le inició un procedimiento administrativo debido a que omitió enterar al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) diversas aportaciones patronales y cuotas de trabajadores por un monto de mil 175 millones de pesos, motivo por el cual se dictaminó su inhabilitación por siete años.
Por esta misma razón, también fue inhabilitado por cinco años el ex subsecretario de Egresos, Andrés Daniel Guzmán Cota, al encontrarse responsabilidad en la omisión del entero de dichas aportaciones al IPES, las cuales fueron descontadas a los trabajadores.
En otro caso, este ex funcionario, Guzmán Cota, también recibió otra sanción de inhabilitación por seis años, debido a la irregularidad encontrada en los saldos iniciales de las cuentas bancarias del gobierno, pues la administración pasada reportó un saldo de mil 88 millones 671 mil pesos, cuando en realidad se recibió la cuenta con 421 millones de pesos; es decir, una diferencia de 667 millones de pesos. Cabe precisar que las sanciones no son acumulativas y sólo se ejecutará la mayor, es decir, la inhabilitación por seis años.
Por este caso, también se sancionó al ex director de Tesorería, Ernesto Herrera Félix, quien fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo dentro del gobierno por tres años.
En un tercer caso, derivado a las anomalías encontradas en el manejo y aplicación de los recursos que estaban relacionados con la construcción de distintas obras públicas, se dictaminó la inhabilitación por tres años para el ex secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Luis Sevilla Suárez Peredo, ya que suscribió dos convenios que rebasaron el 25 por ciento del plazo de ejecución y monto original del contrato, referentes a la construcción del cruce ferroviario del bulevar Enrique Tamayo en esta ciudad, y la edificación de la Unidad Administrativa de Servicios Municipales de Navolato.
Sevilla Suárez suscribió el contrato para la construcción del Centro de Justicia Penal de Sinaloa, Región Centro, sin contar con la autorización correspondiente para generar al Gobierno de Estado una obligación financiera de 78.8 millones de pesos.
Por la omisión de informar al ex secretario de Obras y Desarrollo Urbano de que no se contaba con la propiedad de los terrenos donde se ejecutaría la obra del cruce ferroviario en mención, la STyRC dictaminó una suspensión temporal en el servicio público por 90 días para el ex director de Contratos, Carlos Ramón López Castro.
De igual manera, el ex director de Control Administrativo de la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas, Dionisio Sánchez Félix, recibió una suspensión temporal por seis meses, por omitir hacer del conocimiento del ex secretario Sevilla Suárez que la dependencia carecía de los recursos suficientes para realizar la obra de la construcción del Centro de Justicia Penal, Región Centro, motivo por el cual se adeuda al contratista 78.8 millones de pesos.
Actualmente el gobernador Mario López Valdez es investigado por la Auditoría Superior de la Federación por simular el reintegro de 135.6 millones de pesos y dar por solventadas las observaciones a la auditoría.
Foto: ADN Portal
