Advirtió que de ser promulgada, la ley violaría el derecho a la privacidad, y debilitaría enormemente a los órganos autónomos
SDP
CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez que el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior y se turnó para su promulgación al presidente Enrique Peña Nieto, éste debería vetarla, consideró Salil Shetty.
El secretario general de la organización Amnistía Internacional (AI) recordó que en un encuentro que tuvo con el mandatario federal al final de su primer año de su sexenio, y le advirtió sobre la crisis que México enfrentaba sobre derechos humanos.
En una carta abierta, de la que da cuenta Reforma, abundó que en la reunión también le resaltó el impacto que tenían el desempeño de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
“Amnistía Internacional ha hecho un pormenorizado análisis de la ley y ha constatado que es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional”, dijo.
En este contexto, el organismo externó su preocupación por la implementación de la Ley de Seguridad ya que “no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”.
Salil Shetty expuso algunas fallas de la ley, como la falta de mecanismos de supervisión y la opacidad que se generaría al mantener la información como reservada.
“Bajo la vaga e indeterminada frase ‘seguridad interior’, la ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública”, reprochó.
Advirtió que “de ser promulgada, la ley violaría el derecho a la privacidad, y debilitaría enormemente a los órganos autónomos, tales como la CNDH, el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al obligarles a entregar cualquier información que requieran las Fuerzas Armadas, sin control judicial”.
Resaltó que “en lugar de esta ley, México necesita un proceso que lleve al retiro de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y a desarrollar fuerzas policiacas civiles con recursos suficientes”.
