Dijo que existe una presunción fundada sobre la manipulación de cifras de parte de la autoridad estatal sobre el hecho violento

Proceso

MONTERREY, NL.- En el pasado motín del penal de Cadereyta murieron más de 50 internos y no sólo 18, como declaró oficialmente el gobierno de Nuevo León, denunció hoy Consuelo Morales Elizondo, presidenta del organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).

Basada en conversaciones que tuvo con familiares de personas que estuvieron en la reyerta mortal, ocurrida el 10 de octubre, la activista dijo que existe una presunción fundada sobre la manipulación de cifras de parte de la autoridad estatal sobre el hecho violento pues, comentó, cree que fueron los mismos policías los que masacraron a los reos.

“No quiero dejar de mencionar nuestra solidaridad con las mamás de los muertos en el Cereso de Cadereyta, recientemente, donde las autoridades mencionan que fueron 18, pero las informaciones que nosotros tenemos es que son más de 50 que mataron al interior del Penal.

“Definitivamente, si bien hubo una riña entre los internos, nosotros estamos convencidos de que fue la misma autoridad quien lo hizo”, señaló esta mañana.

Antes de iniciar la misa en la Catedral de Monterrey para recordar a los fallecidos y desaparecidos reportados en Nuevo León, la Hermana Consuelo explicó que, en la semana posterior al motín, acudieron a Cadhac unas 170 personas para exponer su testimonio sobre lo que sus familiares presos les explicación que ocurrió en el penal.

De ahí sacaron la deducción de la cifra, que es mucho mayor que la que proporcionó en su momento el vocero de seguridad en la entidad, Aldo Fasci.

“Pudimos constatar, a través de las diferentes entrevistas particulares, información que nos fueron dando y cruzando, y estamos convencidos que hay una cantidad más grande que la que están mencionando.

“Y de heridos, muchos más, sobre todo porque tuvimos a una persona que entró a curar lesionados dos semanas después de los hechos. Hay mucha gente descalabrada con heridas en la cabeza y de balas de goma, pero también con balazos y que no habían sido atendidos en hospital”, relató Morales Elizondo.

Apeló a la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que ya se pronunció sobre el tema y reprochó el uso de la fuerza letal en el interior de los penales, como ocurrió en la represión del motín de octubre.

“No sabemos dónde están (los cadáveres) y necesitamos que se haga una investigación seria y objetiva.

“Y en ese sentido también le decimos al procurador (Bernardo González) que si nos da una razón de 18 fallecidos no la vamos a aceptar”, dijo.

Parte de la crisis que se vive en los penales de Nuevo León donde, de acuerdo con los reportes oficiales, han perecido más de 70 internos en el gobierno de Jaime Rodríguez “El Bronco”, se debe a los traslados repentinos de internos, acciones que no son debidamente notificadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, consideró la fundadora de Cadhac.

Al denunciar las injusticias a las que han sido sometidos los internos del centro de readaptación social de Cadereyta, ubicado 30 kilómetros al oriente de la capital, dijo que, de acuerdo a la ya vigente Ley de atención a víctimas del estado, los familiares de cada interno fallecido debieron recibir hasta un millón 200 mil pesos de compensación, cantidad que no ha sido entregada.

La razón, expuso, es que el presupuesto para la Comisión que se encarga de aplicar la ley, apenas tiene presupuesto de 5 millones de pesos anuales, lo que implica una responsabilidad legislativa para cumplir con la reparación del daño.

Al recordar a los desaparecidos en la entidad, Morales expuso que hubo un retroceso marcado en las búsquedas al inicio de la administración de “El Bronco”, en octubre del 2015, con el entonces procurador Roberto Flores, que desatendió el tema, aunque con el sucesor, Bernardo González, ya hubo más interés para activar las indagatorias.

En la misa de este miércoles, los familiares llevaron carteles con nombres y fotografías de sus desaparecidos y leyeron cartas en las que expresaban su deseo de verlos de nuevo y obtener justicia por los delitos de los que fueron víctimas.