El compromiso político con este antiguo objetivo corre el riesgo de reducirse hasta el punto de desaparecer, afirma el Secretario General

Redacción

WASHINGTON, EU.- El Secretario General ha declarado este martes ante el Consejo de Seguridad que la promesa de una solución de dos Estados entre Israel y Palestina “corre el riesgo de reducirse hasta el punto de desaparecer”.

“El compromiso político con este antiguo objetivo está más lejos que nunca”.

En la sesión sobre La situación en Oriente Media, incluida la cuestión palestina António Guterres explicó los cambios fundamentales que está experimentando la región, marcados por la violencia y la volatilidad, pero también por las oportunidades y el potencial.

“En todo Oriente Medio, la gente exige y merece un futuro mejor, no conflictos y sufrimientos interminables”, dijo Guterres.

Para que esta región, que se encuentra en un “momento histórico crucial”, encuentre una paz verdaderamente sostenible es necesario alcanzar una solución de dos Estados entre Israel y Palestina: “que convivan en paz y seguridad, con Jerusalén como capital de ambos”.

Las alteraciones geográficas van contra el derecho internacional  

Este conflicto ha socavado los derechos de israelíes y palestinos a vivir en paz y seguridad. Además, ha llevado a la devastación de Gaza, incluidas las condiciones de vida inhumanas impuestas a su población, que sufre ataques reiterados, se ve confinada en espacios cada vez más pequeños y privada de ayuda vital.

“Gaza es, y debe seguir siendo, parte integrante de un futuro Estado palestino”, indicó el Secretario General.

Además, de acuerdo con el derecho internacional, el Consejo de Seguridad ha rechazado cualquier intento de cambio demográfico o territorial en la Franja de Gaza.

En la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este, las operaciones militares israelíes y el uso de armamento pesado en zonas residenciales, los desplazamientos forzosos, las demoliciones, las restricciones a la circulación, y la expansión de los asentamientos están “alterando drásticamente las realidades demográficas y geográficas”.

La violencia de los colonos sigue alcanzando niveles “alarmantemente altos” en un clima de impunidad, con comunidades palestinas enteras enfrentándose a repetidos asaltos y destrucción, a veces con la complicidad de soldados israelíes.

Por otro lado, Hamás sigue disparando cohetes contra Israel de forma indiscriminada, mientras los rehenes continúan retenidos en “condiciones terribles”.

El alto al fuego: un rayo de esperanza

El alto el fuego había traído un “rayo de esperanza” con la ansiada liberación de rehenes y la entrega de ayuda humanitaria para salvar vidas, pero desde la ruptura de este, casi 2000 palestinos han muerto en Gaza por ataques y operaciones militares israelíes, entre ellos mujeres, niños, periodistas y trabajadores humanitarios.

“La situación humanitaria en toda la Franja de Gaza ha ido de mal en peor, más allá de lo imaginable”.

La entrada de ayuda humanitaria debe restablecerse

La entrada de la ayuda a Gaza debe restablecerse “inmediatamente”, la seguridad del personal de la ONU y de los socios humanitarios debe estar garantizada, y las agencias de la ONU deben poder trabajar respetando plenamente los principios humanitarios.

También es necesaria la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, y un alto el fuego permanente.

Guterres hizo un llamado a la comunidad internacional, que tiene la responsabilidad de evitar la ocupación y la violencia perpetuas, y a los Estados miembros para que utilicen su influencia para garantizar el respeto al derecho internacional y que no prevalezca la impunidad.

“El mundo no puede permitirse ver cómo desaparece la solución de los dos Estados”, condenó el Secretario General.

Obligación de respetar y proteger al personal humanitario

Todas las partes en conflicto deben cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Además, el personal humanitario, médico y de las Naciones Unidas debe ser respetado y protegido.

Israel, como “potencia ocupante”, tiene la obligación de garantizar el suministro de alimentos y medicinas a la población, y de aceptar y facilitar los planes de ayuda en el territorio Palestino ocupado.

La autoridad Palestina necesita un apoyo reforzado y sostenido, tanto política como financieramente, que es crucial para garantizar la viabilidad continuada de las instituciones palestinas, consolidar las reformas en curso y permitir que esta autoridad retome sus plenas responsabilidades en Gaza.

Evitar una catástrofe humanitaria en Gaza

Por otra parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, le solicitó este martes al mundo actuar para impedir el colapso total de la ayuda esencial para la supervivencia en Gaza.

“Los terceros Estados tienen claras obligaciones en virtud del derecho internacional de garantizar que esta conducta cese inmediatamente, y deben actuar en consecuencia”, ha afirmado Türk.

“También deben buscar y llevar ante la justicia a todos los autores de crímenes de derecho internacional, los cometa quien los cometa”.

Gran preocupación ante nuevas violaciones

Además, el plan israelí de declarar la gobernación de Rafah una nueva “zona humanitaria” obligaría a los palestinos a trasladarse allí para recibir alimentos y ayuda humanitaria, lo cual significaría que las personas que no puedan desplazarse fácilmente, se verán obligadas a quedarse sin alimento, dijo Türk.

Israel ha impedido la entrada en Gaza de alimentos, combustible y otro tipo de ayuda vital. Las panaderías han dejado de funcionar al agotarse la harina y el combustible, y las reservas de alimentos que quedan se están agotando rápidamente.

“Cualquier uso de la inanición de la población civil como método de guerra constituye un crimen de guerra, al igual que todas las formas de castigo colectivo”.

Existe gran preocupación por la posibilidad de que se produzcan nuevas violaciones. El ejército israelí sigue atacando instalaciones sanitarias y objetos civiles indispensables para la supervivencia de la población, como excavadoras y camiones cisterna. Esto dificulta el acceso al agua, deteriora la salud pública y obstaculiza la prestación de ayuda humanitaria y la realización de operaciones de rescate.