Se propone desaprobar las de El Fuerte, Mocorito, Cosalá y El Rosario, y aprobar 4 restantes de municipios y el poder Judicial
Redacción
CULIACÁN, Sin.- El Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura a dictámenes sobre las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2022 correspondientes al poder Judicial y de ocho municipios, de las cuales se propone desaprobar las de El Fuerte, Mocorito, Cosalá y El Rosario, y aprobar las restantes.
En los casos desaprobados, como Mocorito, se tiene que de 21 pliegos de observaciones por 9 millones 455 mil pesos, sólo cinco fueron solventado por 4 millones 477 mil pesos y otro por 299 mil 843 pesos.
Respecto al municipio del Rosario, se observa que registra pasivos sin fuente de pago por 31 millones 675 mil 82 pesos y por tres millones 713 mil 321 pesos.
Además, privilegió el procedimiento de la adjudicación directa para la contratación de la obra pública, que fue del 83.33 por ciento.
Realizó un préstamo por dos millones 757 mil 334 pesos a la Junta Municipal de Agua, sin haberlo recuperado, entre otras observaciones.
En el caso de Cosalá, se propone desaprobar su cuenta pública, por diversas causas, como registrar pasivos sin fuente de pago por 33 millones 878 mil 375 pesos y 2 millones 433 mil 883 pesos, y por adjudicar de manera directa el 100 por ciento de las obras realizadas.
En 2022, registró un endeudamiento por 46.8 millones de pesos, lo cual representó un incrementó en 44.1 por ciento respecto de 2021. Con este resultado, el municipio se coloca en la posición número 8 en relación con los demás municipios, entre otras causas.
En El Fuerte, también se desaprueba su cuenta pública por diversas causas, como registrar pasivos sin fuente de pago, por 19 millones 378 mil 534 pesos y otros 8 millones 105 mil 530 pesos.
De igual manera se privilegió el procedimiento de la adjudicación directa para la contratación de la obra pública, ya que el 98.08 por ciento se adjudicaron de manera directa.
Registra un gasto de un millón 983 mil 142 pesos por concepto de servicio de asesoría y consultoría fiscal para la prestación de servicios profesionales de asesoría para el correcto cumplimiento del timbrado de la nómina, así como el análisis, corrección y aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal, pero se omiten evidencia justificativa relativa al cumplimiento del contrato.
Pagó un millón 37 mil 672 pesos con recursos del gasto corriente por desacato a sentencia condenatoria a favor de un trabajador emitida por Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras causas.
Todos los dictámenes fueron turnados a una segunda lectura por el presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Madrid Pérez, quien precisó que por disposición legal no podrá ser antes de una semana.
