Impugnarán la resolución del juez y será en los tribunales federales en los que los universitarios salgan avantes
Redacción
CULIACÁN, Sin.- El peor acto de injusticia es el que se hace al amparo de la Ley, como lo hizo hoy el juez de control, Carlos Alberto Herrera en esta audiencia de manera indebida al separar temporalmente del cargo al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa e integrantes del Comité de Adquisiciones implicados en este proceso, expresó el abogado Milton Ayala Vega.
Durante la audiencia que se prolongó por más de 10 horas, los abogados de la defensa universitaria reafirmaron una vez más estar luchando contra un sistema inquisitivo, donde quien los acusa, es él mismo que los juzga, quedando evidenciado el actuar parcial del juez y que, en Sinaloa no existe la división de poderes.
“Es una tristeza la actuación del juez, así de rápido la Fiscalía le solicitó la separación del rector Jesús Madueña Molina porque podía entorpecer la investigación y pidió la separación de ellos y cuando resuelve el juez, resuelve que no nada más lo separa por la investigación, que todo lo que dure el proceso”, indicó Ayala Vega.
Especificó que al inicio de la audiencia se le planteó un tema de incompetencia, a lo que el juez respondió categóricamente que, todo lo que ya había resuelto el juez Adán Alberto Salazar Gastélum en la resolución de vinculación a proceso el pasado 14 de septiembre, ya no podía ser materia de esa resolución.
Sin embargo, durante la audiencia solicitada de manera expedita por la Fiscalía en su alegato de que se habían suscitado una serie de hechos que alteraban las condiciones objetivas de la investigación, en sus argumentos invocó los supuestos actos de irregularidad, mismos que datan de entre los meses de mayo a agosto, es decir, son pruebas que se resolvieron en la audiencia previa que puntualizó el juez Carlos Alberto Herrera ya no era materia de resolución, no obstante, estas sí fueron consideradas por él.
Aun y cuando la defensa esgrimió los argumentos donde señaló que el precepto de separar del cargo a los universitarios porque pueden obstaculizar la investigación, destruir información o presionar a los trabajadores solo se aplica para un imputado que está en prisión preventiva y lo más importante, que la Unidad de Medidas Cautelares no refirió dictamen alguno en el que indique que existe el peligro de que el imputado pueda destruir información, presionar a trabajadores o huir del país, elementos que dejan sin efecto los fundamentos vertidos por la Fiscalía, el juez simplemente los desoyó.
El asesor jurídico por parte de la representación legal de la UAS, Ramón Bonilla Rojas, calificó como vergonzoso el actuar del Poder Judicial manifestó que en este caso quien resulta más ofendida es la máxima casa de estudios, pues detalló que, en su momento le solicitaron al juez que aplicara el artículo Tercero, fracción séptima y octava en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que es el Consejo Universitario la máxima autoridad u órgano de gobierno de esta institución, y es el único que puede nombrar, remover o suspender al rector y sus autoridades, así como que no atentara contra la autonomía universitaria.
“Solamente faltaba el Poder Judicial para que hicieran el teatro completo; la división de poderes inexistente, vergonzoso lo que paso con el Poder Judicial. En Sinaloa no hay procuración y administración de justicia, miente quien lo diga, miente el Gobernador”, dijo.
Robespierre Lizárraga Otero, Secretario General de la Institución y representante legal de la misma, convocó a la comunidad Rosalina a estar más unidos que nunca y sumarse a la marcha por la defensa de la autonomía universitaria.
“Es preponderante que se de esa muestra determinada de apoyo y de lucha por la defensa de la Universidad, nos llama la historia, nos llama este momento, vamos mañana a defender la Universidad, vamos a defender a la institución”, invitó.
Ayala Vega adelantó que impugnarán la resolución del juez y será en los tribunales federales en los que los universitarios salgan avantes de esta guerra sucia que por meses ha mantenido el Gobierno del Estado en contra de la universidad del pueblo.
“Les decimos que esto es un acto de injusticia y el peor acto de injusticia es el que se hace el amparo de la Ley como lo hizo el juez hoy en esta audiencia de manera indebida y estamos y estaremos de frente buscando que la justicia federal al último nos dé la razón”, externó.
