Congreso del Estado aprueba reformas para atender delitos cometidos por la vía digital y crea la Unidad de Investigación Cibernética de la FGE en Sinaloa

Redacción

CULIACÁN, Sin.- El Congreso del Estado aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Justicia mediante el cual se fortalece el marco jurídico en materia de seguridad pública y se establecen nuevas instancias especializadas para la prevención, atención, investigación y persecución de delitos cometidos a través de medios electrónicos y tecnológicos en Sinaloa.

Con la votación a favor de 35 diputadas y diputadas, se avalaron reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que contemplan la creación de una Unidad de Investigación Cibernética, la cual tiene como objetivo atender de manera integral delitos como fraude, extorsión, robo de identidad, acoso, explotación sexual y trata de personas cometidos en entornos digitales.

En el dictamen aprobado por el Pleno, se destacó que el crecimiento de los delitos cibernéticos representa uno de los principales retos en materia de seguridad, por lo que resulta indispensable dotar a las instituciones estatales de herramientas legales, técnicas y operativas acordes con la evolución de la delincuencia. Asimismo, se subrayó la importancia de garantizar atención especializada a las víctimas y fortalecer la coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales.

Esa reforma establece que el titular de la Unidad de Investigación Cibernética, tendrá nivel de Inspector General de la Policía de Investigación, y dependerá de la Comisaría General y de la Fiscalía General del Estado.

Con esta decisión, el Congreso del Estado refrendó su compromiso de actualizar el marco normativo en materia de seguridad pública y de responder a las nuevas formas de criminalidad que se presentan en el entorno digital, con el propósito de proteger la integridad física y patrimonial de las y los sinaloenses.

Buscan fortalecer el marco jurídico para combatir esta modalidad delictiva

Redacción

CULIACÁN, Sin.- Con la votación a favor de 34 diputados y diputadas, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó el dictamen mediante el cual se adiciona el artículo 207 Bis C al Código Penal estatal, el cual tipifica como delito el robo equiparado de vehículos arrendados y fortalecer el marco jurídico para combatir esta modalidad delictiva, utilizada de manera recurrente por la delincuencia organizada y otros grupos criminales.

La reforma fue impulsada por legisladores y legisladoras integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, así como ciudadanos y ciudadanas promoventes, y analizada por la Comisión de Justicia, que determinó su viabilidad jurídica y social del proyecto.

La modificación legal establece que comete el delito de robo equiparado quien, tras arrendar un vehículo automotor terrestre, no lo devuelva sin causa justificada y sin el consentimiento del arrendador, conducta que será sancionada con penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de cien a trescientos días.

Además, se contempla el aumento de la pena hasta en una mitad más cuando el responsable incurra en conductas agravantes como la utilización del vehículo para cometer otros delitos, su desmantelamiento, enajenación fraudulenta o traslado a otra entidad federativa.

El dictamen establece que el uso de vehículos arrendados para actividades ilícitas representa una problemática creciente en la entidad, afectando la seguridad pública, el patrimonio de las empresas arrendadoras, el sector turístico y la confianza en el mercado de alquiler de automóviles. Se señaló que el marco normativo vigente resultaba insuficiente, ya que en muchos casos estas conductas solo podían clasificarse como abuso de confianza o quedaban fuera de tipificación penal, lo que generaba escenarios de impunidad.

La Comisión de Justicia consideró que la figura del robo equiparado permite sancionar adecuadamente conductas que, aunque no encajan plenamente en el tipo penal clásico de robo, producen un daño patrimonial grave y responden a un modus operandi doloso desde el inicio del contrato de arrendamiento.

Con ello, se busca otorgar mayor certeza jurídica, cerrar vacíos legales y dotar a las autoridades de herramientas más eficaces para la persecución y sanción de estos delitos.

El dictamen aprobado también precisa que no se configurará el delito cuando el arrendatario no pueda devolver el vehículo por causas justificadas, siempre que se sujete a la compensación previamente acordada, y establece que la reforma no genera impacto presupuestal para las finanzas públicas estatales.