La violencia letal está relacionada con el crimen organizado, el fácil acceso a armas, desigualdades sociales y normas de género nocivas
Redacción
WASHINGTON, EU.- En América Latina y el Caribe, la violencia sigue siendo una grave amenaza para la vida y el bienestar de millones de menores de edad, advierten la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) en una nueva investigación.
El documento, titulado Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: Nuevos datos y soluciones, revela que 53.318 de ellos fueron víctimas de homicidio en la región entre 2015 y 2022.
Más recientemente, entre 2021 y 2022, la tasa de mujeres jóvenes asesinadas se duplicó, situándose en cinco muertes por cada 100 mil habitantes.
En contraste, la tasa de homicidios entre adolescentes varones disminuyó de 17 a 10 muertes en el mismo período, pero sigue siendo alta.
Violencia sistémica
La violencia letal está relacionada con el crimen organizado, el fácil acceso a armas, desigualdades sociales y normas de género nocivas.
Sin embargo, en general, la violencia está presente desde edades muy tempranas. Seis de cada 10 menores de hasta14 años son objeto de algún tipo de castigo violento en el hogar, mientras una de cada cuatro adolescentes experimenta acoso escolar. También crecen los abusos en los entornos digitales.
Fortalecer las políticas públicas
El director regional de UNICEF, Roberto Benes, subraya que la violencia afecta múltiples entornos de la vida de los menores, desde el hogar hasta la escuela y la comunidad, y afirma que políticas públicas sostenidas pueden cambiar esta realidad.
Por su parte, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, resalta el papel crucial de los servicios de salud para identificar a las personas en riesgo y brindar apoyo oportuno.
El informe propone soluciones basadas en evidencia: fortalecer leyes de protección de la infancia, controlar el acceso a armas de fuego, capacitar a docentes, policías y personal de salud, apoyar a padres y cuidadores, invertir en entornos educativos seguros y ampliar los servicios de respuesta.
La publicación fue validada en una consulta ministerial regional en octubre de 2025, con la participación de más de 300 funcionarios y representantes de la sociedad civil y organizaciones juveniles, con el objetivo de acordar acciones concretas para proteger a la niñez y adolescencia de la región.
