La decisión de la Suprema Corte va más allá de Tamaulipas al hacer valer la Constitución frente a los intereses políticos sectarios, señala el gobernador

Redacción

TAMPICO, Tamps.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, reafirmó que la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, validó la persecución política en su contra y la de su familia reafirmando la actuación ilegal de los diputados de Morena en su intento por desaforarlo.

“La Corte revierte la burda persecución política en mi contra y la de mi familia. Así como reafirma que la soberanía de Tamaulipas no puede ser violentada por una mayoría legislativa facciosa en la Cámara de Diputados“, dijo.

Además dijo que la resolución de la Corte evidenció la ilegalidad de un juez federal que sin motivo ni fundamento intentó removerlo a la mala.

“El tiempo y la ley me han dado la razón“, dijo al declarar que las denuncias promovidas en su contra fueron fabricadas.

“El proceso de desafuero fue impuesto por el partido en el gobierno para sacar tajada política en los procesos electorales de 2021 y 2022”, refirió.

Sobre el juez de control, precisó que se dejó intimidar y actuó por consigna a pesar de la falta de elementos, de las inconsistencias del proceso y sobre todo, de la evidencia aportada que desmentía cada una de las acusaciones.

Indicó que la decisión de la Suprema Corte va más allá de Tamaulipas al hacer valer la Constitución y el federalismo frente a los intereses políticos sectarios sentando un precedente que libera de amenazas y sometimiento político a otros gobernadores y diputados locales, magistrados y fiscales.

“Sacudiré mi honra del lodo que por motivaciones electorales han aventado sobre mí.

“Los tamaulipecos nunca nos doblegamos frente al poderoso y mucho menos ante la mentira”, dijo

La resolución de la Corte

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la retractación de los desistimientos promovidos por el Congreso de Tamaulipas en cada demanda durante la tramitación de las controversias lo que salva de la orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Argumentó que: 1) la materia de impugnación tiene el potencial de trastocar gravemente el orden constitucional y reviste de un interés público excepcional; 2) no existe plena certeza sobre la voluntad del órgano actor para desistirse de la controversia constitucional; 3) permitir la retractación no afecta los derechos de las partes en este procedimiento y 4) no afecta el principio de certeza jurídica. Por tal motivo, se pronunció en relación con el fondo de ambas controversias.

La Sala reconoció la validez del Dictamen de Declaración de Procedencia referido y estableció que ese pronunciamiento no elimina, por sí mismo, la inmunidad procesal de la que goza el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En este sentido, el alto tribunal consideró que, de acuerdo con el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución federal, el procedimiento para retirar la inmunidad procesal del Ejecutivo de una entidad federativa es complejo pues en éste interviene la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y posteriormente el congreso de la entidad federativa correspondiente quien, en última instancia, decide si un servidor público estatal —el Titular del Poder Ejecutivo, en este caso—, puede ser enjuiciado penalmente por la comisión de un delito federal durante el periodo en el que ejerce su cargo.

De esta manera, la Sala resolvió que el efecto de la Declaración de Procedencia que realice la Cámara de Diputados solamente es para ser comunicada a la legislatura local a fin de que ésta determine lo que corresponda conforme a la facultad ya mencionada, sin que ello implique una vulneración a la competencia del Poder Legislativo de Tamaulipas. Por consiguiente, el Máximo Tribunal declaró infundada la controversia y reconoció la validez del Dictamen citado.

En relación con la controversia interpuesta para reclamar la solicitud de orden de aprehensión realizada por la Fiscalía General de la República, y la orden de aprehensión expedida por un juez penal en contra del Gobernador de Tamaulipas, la Primera Sala advirtió que estas autoridades no solo desconocieron y vulneraron las facultades del Congreso local al considerar que el Titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas es susceptible de ser imputado por la comisión de delitos federales.

Sino que además, se sustituyeron en éste, pues el despliegue de sus facultades en contra del Gobernador requiere que previamente se determine que tal funcionario es susceptible de ser procesado penalmente conforme al procedimiento constitucional antes descrito.

A partir de lo expuesto, la Primera Sala concluyó que tanto la solicitud de orden de aprehensión, como la decisión de emitirla, vulneran una facultad constitucionalmente asignada en favor del Congreso del Estado de Tamaulipas, por lo que declaró su invalidez.

Controversias constitucionales 50 y 70, ambas de 2021. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Resueltas en sesión de 17 de agosto de 2022, por unanimidad de votos.