Esto por el delito de ejercicio indebido del servicio público, y en contra de los integrantes del comité de adquisiciones de dicha Universidad de los periodos del 2019, 2020, 2021 y 2022, por los delitos de desempeño irregular de la función pública
Redacción
CULIACÁN, Sin.- La Fiscalía General del Estado, luego de dos días de audiencias logró obtener auto de vinculación a proceso en contra del rector Jesús “M”, y ex rector Juan Eulogio “G” de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, y en contra de los integrantes del comité de adquisiciones de dicha Universidad de los periodos del 2019, 2020, 2021 y 2022, por los delitos de desempeño irregular de la función pública.
Esto, relacionado con la compra de cartones de huevos, carne de res, carne de puerco, pollo, entre otros productos durante la pandemia, destinadas para las casas de asistencia estudiantil, kínder, guardería, escuela de agronomía y las reservas de Cosalá y Ceuta, todos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
En la Causa Penal 1117/2023 que derivó del Cuadernillo Penal 886/2023, ambos relacionados con la carpeta investigación FGE/FECC/08/2023/CI, se obtuvo vinculación a proceso de todos los imputados después de haberse diferido en dos ocasiones la audiencia inicial; la primera el día 23 de agosto del 2023 y la segunda el 11 de octubre del 2023, llevándose a cabo finalmente los días 10 y 12 de noviembre del presente año.
Como medidas cautelares a los imputados, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, Jesús “M” y Juan Eulogio “G”, se les impuso la presentación periódica cada mes y medio ante la UMECA, así como la prohibición de salir del país.
Al primero de los imputados antes mencionados se le impuso también como medida la separación temporal del cargo de rector; y se fijaron cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.
Estas mismas medidas cautelares se les impusieron a los vinculados a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública, Soila Maribel “G”, Jorge “P”, Manuel de Jesús “L” y Óscar Orlando “G”; y en relación a los imputados Héctor Melesio “C”, Salvador “P”, Ismael “G”, Norma Alicia “A”, se le imponen las mismas medidas con excepción de la separación temporal del cargo.
El diferimiento de la audiencia inicial, la cual fue con motivo de los argumentos dilatorios de los defensores particulares de los imputados, quienes manifestaban no contar con las copias de la carpeta de investigación.
En una segunda audiencia la estrategia para diferir la celebración de la audiencia inicial fue que el imputado Ismael “G” nombrara nuevo defensor particular, pero ante la determinación de celebrar la audiencia con excepción del imputado que realizó el nuevo nombramiento de defensor; optando el resto de los imputados revocar a sus defensores particulares, con la finalidad que no se celebrara la segunda audiencia.
En relación a los montos de las facturas emitidas a favor de la UAS, para el 2019 fue por un monto de $29´301,442.00; en el 2020 por $16´625,710.00; en el 2021 por $5´665,834.00; y en el 2022 por $15´703, 267.00; danto un total de 1,094 facturas emitidas por el monto de $67’296,253.00.
El esposo de la proveedora María de la Luz Palazuelos Meza y cotitular de la cuenta bancaria, ante esta Fiscalía aportó como dato de prueba estados de cuenta bancarios en los que aparecen los pagos que recibió de parte de la UAS, en el 2019 se recibió pagos por la cantidad de $12’825,147.00; en el 2020 por $17´045,892.00; en el 2021 por $35´343,412.00, y en el 2022 por $8´324,437.00
Es el caso que, de parte del imputado de nombre Salvador “P”, integrante del comité de adquisiciones de la UAS en el 2021 y 2022, quien 12 horas antes de la segunda audiencia inicial presentó ante esta Fiscalía datos de prueba consistentes en la cancelación de 174 facturas (CFDI); siendo 65 cancelaciones del 2019; tres del 2020; una del 2021; y 105 del 2022, el mayor número cancelado corresponde al periodo de gestión del Rector de la UAS Jesús “M”, facturas las cuales fueron canceladas por la proveedora María de la Luz Palazuelos Meza y aceptadas por la UAS. Facturas que fueron canceladas los días 22, 25, 26 de septiembre 2023 y el 6 de octubre del año en curso, siendo canceladas después de la primera fecha señalada para la audiencia inicial, después que los imputados contaban con las copias de la carpeta de investigación, y fueron aportadas a la investigación 12 horas antes de la segunda audiencia, esta última fue programada para el 11 de octubre 2023.
Del estudio que realizó esta Fiscalía de las facturas canceladas, en relación al 2019 las 65 facturas fue por el monto de $3´558,268.00; las tres facturas del 2020 fueron por $179,026.00 pesos; una factura del 2021 fue por $81,496.00 pesos; las 105 facturas por el monto de $7´378,830.00; dando un total de 174 facturas canceladas por el monto de $11´197,620.00 millones. El importe total de las facturas canceladas, representa el 16.5 % del importe facturado en los años 2019 al 2022, ya que el monto total de las 1,094 facturas emitidas a favor de la UAS, en esos cuatro años fue por el importe de $67’296,253.00 millones.
En ese sentido, las facturas canceladas son de tiempo recientes, con fechas del 22, 25, 26 de septiembre y el 6 de octubre del 2023; tal situación no es creíble, al tratarse de una cancelación masiva fuera de los plazos legales, y que las realizó después de un año, dos años y hasta cuatro años después de su emisión.
Cabe señalar que, para que todas estas facturas quedaran con el estatus de canceladas, tuvo que haber un acuerdo entre la UAS y el proveedor, lo cual se hizo pero fuera de los plazos legales, ya que la cancelación de las facturas del 2019 se realizaron cuatro años después de emitidas, es decir, en cuanto se llevó a cabo la primera audiencia inicial cuando los abogados, -quienes algunos son defensores de los imputados y apoderados legales de la institución ofendida del delito- tuvieron en su poder las copias de las carpetas se inició la cancelación de las facturas.
Lo más irregular de esas compras, es que facturaron compras de carnes de res, carne de puerco, pollo, cartones de huevos entre otros, fueron en el 2020 y 2021 en tiempo de pandemia, cuando las casas del estudiante estaban solas, y en ese tiempo no hubo entrega de ese producto, como lo manifestaron empleados de la proveedora.
En la audiencia inicial esta Fiscalía General de Sinaloa, expuso ante el Juez de control los datos de prueba con los que se cuenta en la carpeta de investigación, considerando el órgano jurisdiccional que existen indicios razonables para emitir el auto de vinculación a proceso en contra de todos los imputados, por los delitos solicitados por esta Fiscalía.
Con esta vinculación a proceso de servidores públicos de la UAS, queda claro que no se viola la Autonomía Universitaria, y que la universidad si recibe recursos públicos, tal como se explicó ante el Juez de control en la audiencia inicial, en la que se detalló el Subsidio Estatal Ordinario que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa le transfirió a la UAS, en el 2019 la cantidad de $1’929,974,244.00; en el 2020 $2´034,974,247.00; en el 2021 le transfirió la cantidad de $2’114,770,127.00 ; en el 2022 le transfirió la cantidad de $2´598,761,546.72 millones.
