Diputado hace referencia a casos de síndicas procuradoras que han enfrentado a alcaldes
Redacción
CULIACÁN, Sin.- Es en los ayuntamientos en donde más se ejerce la violencia política en contra de las mujeres, que muchas veces se da como obstrucción a sus labores y negativa de compensaciones extraordinarias, señalaron panelistas de la mesa de diálogo “Ámbito municipal: casos relevantes y lagunas en la tutela de derechos políticos”.
En la tercera mesa de trabajo que se instaló este viernes en el marco del “Diálogo Regional entre Legislaturas y Magistraturas Electorales Locales de Cara al Proceso Electoral 2024”, participaron un diputado local y dos magistradas electorales.
En este evento, organizado por la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos y el Congreso de Sinaloa, y que tuvo lugar en el salón Constituyentes de 1917, se hicieron diversos análisis de la violencia política que se ejerce en contra de las mujeres.
En la mesa de diálogo, el diputado Ambrocio Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso de Sinaloa, advirtió que la mayoría de los ayuntamientos carecen de autonomía presupuestal y en consecuencia dependen de los gobiernos estatales y de la Federación.
Esa dependencia, observó, limita las actuaciones en los casos de violencia en contra de regidoras o que ocupan algún cargo, y que no se les cita deliberadamente a reuniones, e incluso hizo referencia a casos de síndicas procuradoras que han enfrentado a alcaldes.
Agregó que ello se exacerba más con la cultura política patrimonialista que persiste, y que se traduce en que quienes llegan a los cargos públicos los ven como patrimonio y no quieren compartirlo e incluso buscan enraizarse en los mimos por años.
La magistrada del Tribunal Electoral de Zacatecas, Rocío Posadas Ramírez, aclaró que el hecho de que se le obstruya a una funcionaria municipal ejercer sus funciones, también puede generar violencia.
Reconoció que a la fecha hay todo un marco jurídico, normativo y jurisprudencial para evitar la violencia política en razón de género, pero aseguró que es insuficiente, ya que las mujeres siguen siendo objeto de violencia política.
Éste es un problema al que se enfrentan todas las autoridades municipales del país, aseguró.
Precisó que entre los actos mediante los cuales agreden a mujeres que ocupan un cargo de representación popular o administrativo, están los de ocultarles información, no convocarlas a reuniones y si se les convoca no informarles de los temas a tratar, les quitan personal a su cargo, les reducen los apoyos económicos y materiales, no se toman en cuenta sus decisiones, entre otros.
Martha Marín García, magistrada del Tribunal Electoral de Nayarit, afirmó que es en los ayuntamientos en donde más ejerce la violencia política en contra de las mujeres.
Precisó que de cada 10 mujeres, siete sufren violencia, de acuerdo a las estadísticas, pero advirtió que las cifras reales no se tienen.
Hay casos de regidoras agregó, que al querer cumplir su función de revisar expedientes y documentos, se les sanciona retirándoles los famosos bonos extraordinarios por productividad.
A ello añadió que hay municipios en que se ejerce violencia contra las mujeres aprovechando una norma, como sucedió en el caso de una síndica procuradora que fue destituida, porque hay una norma que dice que se puede sustituir cuando se considere que no funciona, y quien finalmente fue restituida en su cargo.
