Ahora será regresada a la Cámara de Diputados por que la minuta original tuvo modificaciones
Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.- Con votos del PRI y del PRD, los senadores de Morena lograron que pasará la reforma constitucional para que la Fuerza Armadas continúe en las calles hasta 2028 en labores de seguridad pública. Ahora será regresada a la Cámara de Diputados por que la minuta original tuvo modificaciones.
Los votos para que esta propuesta pasara fueron de los perredistas Miguel Mancera y Antonio García Conejo, así como de los priistas Miguel Añorve, Sylvana Beltrones, Carlos Aceves, Eruviel Ávila, Ángel García Yáñez, Verónica Martínez, Nuvia Mayorga, Jorge Carlos Ramírez Marín y Mario Zamora. Ello pese a que el coordinador del PAN, Julen Rementería, pidió al PRD y al PRI respetar el acuerdo que firmaron en la alianza Va por México y rechazar la reforma.
“Reconozcamos que hay algunos que no les gusta que acordemos. Vivir en el ‘no’ se ha vuelto su único mundo. Recordemos que una verdadera opinión no es la que anula el poder, sino la que modera sus excesos”, dijo Sylvana Beltrones al celebrar “la disposición” de Morena y del gobierno federal para modificar el dictamen que había mandado San Lázaro.
El nuevo dictamen -avalado con 87 votos a favor y 40 en contra- conserva la modificación del artículo quinto transitorio para ampliar a 2028 que el presidente disponga de la Fuerzas Armada en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada.
Las nuevas características vienen en la presentación del informe sobre las tareas que realicen las Fuerzas Armadas y los recursos que se otorgarán a estados y municipios en tareas de seguridad pública.
En este se menciona que la Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. Además, se enfatiza que en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.
Señala que el Ejecutivo federal presentará en el Congreso de la Unión cada semestre -y no cada año como se contemplaba al principio- un informe sobre la facultad del mandatario de disponer del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública y proporcionará los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos, y debe corroborar el respeto a los derechos humanos y a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
También señala que en un plazo de no mayor de 60 días, contando a partir de la entrada en vigor del decreto, y hasta 2028, se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámara del Congreso de la Unión, para el análisis y dictamen de los informes que entregará el Ejecutivo.
Para la emisión del dictamen semestral, la comisión convocará, si así lo requiere, a los titulares de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas sobre el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública y señalará aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencias de los uniformados en estas labores.
La comisión también remitirá al Senado y a la Cámara de Diputados los dictámenes semestrales para su discusión y aprobación. Uno vez aprobados, serán enviados al Ejecutivo federal, el que deberá informar de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas.
También, a partir de 2023, el Ejecutivo establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades y a municipios para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Estos recursos se establecerán de forma separada e inidentificable respecto a cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos.
Además, los recursos no podrán ser inferiores en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerzas Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año; se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada estado según el Inegi y no podrán ser utilizados para otro fin.
Y hasta un 25% de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Con información de Forbes
