Se impidió al Congreso del estado designar a un diputado o a cualquier persona afín a su grupo político opositor morenista, acusa en redes sociales
Jorge Quevedo
CULIACÁN, Sin.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, declaró que con el nombramiento de la síndica Procuradora, la pasista María del Rosario Valdez Páez, se impidió al Congreso del estado designar a un diputado o a cualquier persona afín a su grupo político opositor morenista.
“No lograron su capricho de poner ahí a un diputado… o funcionaria, o persona que quisieran ustedes poner.
“Creen que el Ayuntamiento es un botín, una mercancía“, refirió en un video transmitido en cuenta personal de redes sociales.
Al aludir al diputado Feliciano Castro Meléndrez, a quien acusó como uno de sus detractores, destacó que con la separación del cargo ya no tiene fuero por lo que está libre para enfrentar cualquier procedimiento.
“Cítenme, pero denme la oportunidad de defenderme. Quieren agarrarme como delincuente para encerrarme porque soy un trofeo para ustedes. Pero al Ayuntamiento déjenlo en paz”, dijo.
Por vez primera se dirigió a la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, como “títere” del secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, a quien reiteró la acusación como delincuente.
Refirió que el objetivo del grupo político adversario es el Ayuntamiento a quien lo refirió como un botín para ellos.
“Es un botín para ustedes. Ahí están los negocios. De los cuales ustedes no son partícipes conmigo porque yo no corrupto.
“Ahí no van a hacer negocio, ni el gobernador, ni los diputados, ni nadie”, indicó.
El alcalde con licencia dijo que las cuentas del ayuntamiento se encuentran en orden y sin irregularidades, lo que sería corroborado por cualquier investigación imparcial.
“No tenemos nada qué temer. Todo está en orden. Todo esta hecho conforme a la ley”, destacó.
El munícipe destacó que al continuar con el proceso de desafuero y colocan a otra persona que no fuera designada por el Cabildo, el Congreso cometería un delito grave en el que judicialmente intervendría la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República.
