Los diputados aprobaron sanciones económicas y hasta 12 horas de prisión para quien incumpla las medidas

Redacción

CHIHUAHUA, Chih.- Será obligatorio el uso de cubrebocas en la vía pública, dentro de establecimientos públicos o privados, luego de que fuera aprobada en el Congreso del estado el dictamen de la Comisión de Salud con multas de hasta 434 pesos y cárcel de 12 horas en caso de incumplir las disposiciones.

Durante la sesión del Congreso esta tarde, se aprobó la publicación de la Ley Que Regula El Uso Obligatorio De Cubrebocas Y Demás Medidas Para Prevenir La Transmisión De La Enfermedad Covid-19 En El Estado De Chihuahua, en el Periódico Oficial del Estado.

Luego de una discusión en el pleno, la ley fue aprobada con ciertas modificaciones al dictamen de la Comisión, las cuales fueron propuestas por diputados del Movimiento Ciudadano, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional.

Se estableció que quedará exenta del uso toda persona con problemas respiratorios, que no esté ocasionada por infección respiratoria, además de que las autoridades priorizaran la entrega de cubrebocas de tipo medico a personas con alguna infección respiratoria que sean parte de los grupos vulnerables a sus cuidadores y a los profesionales de la salud.

En cuanto a la imposición de multas, se acordó reducir de 25 a 15 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, como multa máxima a los propietarios de establecimientos que infrinjan la ley.

La Ley debe ser publicada en el Periódico Oficial del Estado para que comiencen a aplicarse las sanciones establecidas.

Aprueban dictamen con carácter de Decreto, por el que se expide la Ley que Regula el Uso Obligatorio de Cubrebocas y demás Medidas para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad #COVID19 en el Estado de Chihuahua.#LXVILegislatura#Congreso pic.twitter.com/MdNhwNAg9X

— Congreso del Estado de Chihuahua (@CongresoEdoChih) November 12, 2020

Con información de El Heraldo de Chihuahua

Buscan reconocer derechos laborales fundamentales, aguinaldo y reparto de utilidades, entre otros

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la subcontratación, también conocido como outsourcing, para “poner orden” y frenar la defraudación fiscal y sobre todo la afectación a los trabajadores.

Tal y como se encuentra ahora el esquema, “se le niegan prestaciones laborales a los trabajadores, los despiden a fin de año masivamente; no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo, ni reparto de utilidades, nada por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicio pero se deformó, se echó a perder”, dijo el presidente durante su conferencia de prensa mañanera.

La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, al presentar los motivos de la reforma dijo que esta propuesta contempla modificaciones y armonización de:

• la Ley Federal del Trabajo
• la Ley de Seguro Social
• el Código Fiscal
• la Ley del ISR
• la Ley del IVA

Detalló que la propuesta consiste en regular tres figuras: la subcontratación de personal, los servicios especializados y obras especializadas y las agencias de colocación.

En lo que respecta a la subcontratación de personal quedará prohibida, esto es que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

Respecto a los Servicios Especializados u Obras Especializadas, se permite la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos, pero se va a requerir autorización por parte de la STPS y padrón público.

Y sobre las Agencias de Colocación, podrán intervenir en el proceso de contratación: reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros. En ningún caso el intermediario se considerará patrón.

En el tema de las sanciones, dijo Alcalde Luján, se prevén sanciones más severas para las empresas que incumplan por el delito de defraudación fiscal, “no se permite la deducción de impuestos y se impondrán multas a todas las empresas que incumplan”.

El especialista Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas de México, comentó que “se va a prohibir a las intermediarias que funjan como patrón. Lo cual, en los hechos sería la reforma más importante por qué justo ahí es donde se encuentra el acto de simulación de la relación de trabajo si es el mecanismo de evasión fiscal y en la Seguridad Social”.

Añadió que en los hechos van a resultar ya inútiles las empresas que se han convertido en intermediarias, “puesto que al limitar su participación al sólo reclutamiento de personal pierden sentido como modelo de negocio”.

Con información de El Economista