Le reclaman desde colchones viejos hasta desvío millonario de las aportaciones al Instituto de Pensiones
Redacción
CULIACÁN, Sin.- Ante el Congreso del estado comparecieron este miércoles los titulares de las secretarías de Innovación y de Transparencia y Rendición de Cuentas, para analizar el Cuarto Informe del gobernador Quirino Ordaz Coppel y ampliar el estado que guarda la administración estatal en sus respectivas áreas.
La presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, la diputada Cecilia Covarrubias González, moderó la comparecencia, en la que los funcionarios tuvieron 10 minutos para exponer lo realizado en 2020 y luego responder a preguntas.
El secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez Cázares, y la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Yan Rubio, protestaron decir verdad primero, y luego expusieron sus actividades.
La presidenta de la Comisión, la diputada Cecilia Covarrubias, lamentó que María Guadalupe Yan Rubio actué más como empleada de gobierno y no como encargada de hacer valer la transparencia y rendición de cuentas.
Acusó que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que aprueba el Congreso del estado no se respeta, y citó como ejemplo los rubros de servicios generales, bienes inmuebles, servicios de comunicación, otros servicios generales, Oficina del Gobernador, Dirección de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, la dirección de Bienes, entre otros.
En todas éstos, afirmó se gastaron muchos millones más de lo que se les había asignado en el presupuesto, y puntualizó que no es aceptable tanto volumen de discrepancia entre lo que se programó y lo que se gastó.
El diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, de Morena, acusó de indolencia y franca complicidad a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas ante conocidos hechos de corrupción.
Entre éstos citó los casos de los secretarios de Salud y Administración y Finanzas de la administración de Mario López Valdez (Ernesto Echeverría Aispuro, ya fallecido, y Armando Villarreal, respectivamente), y el caso de los colchones viejos.
Lamentó que la administración estatal incurra en evidente e inadmisible discrecionalidad de recursos, con lo cual se favorece la corrupción, y citó como ejemplos el manejo de los 2 mil 809 millones de pesos en créditos, las inversiones millonarias en obras sin expedientes, la inversión de mil 500 millones en beneficio de cuatro particulares, el desvío millonario de las aportaciones al Instituto de Pensiones, entre otros.
El diputado Horacio Lora Oliva, de Morena, demandó de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas que dé a conocer públicamente, como lo demanda ley, los padrones de beneficiarios de diversos programas, ya que al no hacerlo se consiente la opacidad.
La diputada Francisca Abelló Jordá, lamentó que en el caso de los colchones viejos no haya culpables, y criticó la inversión de 734 millones de pesos en la compra y remodelación de un edificio a la empresa Homex, que en 4 años de estarse remodelando no se concluye.
De parte del PRI participaron las diputadas Elva Margarita Inzunza Valenzuela, Mónica López Hernández y el diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán.
Inzunza Valenzuela reconoció la labor de la secretaria y secretario comparecientes, y preguntó cómo se llevan a cabo ahora las licitaciones de obras públicas con las reformas aprobadas recientemente, y cómo avanza la cultura de trámites en línea y cuál es la recaudación por los trámites en línea.
La diputada Mónica López Hernández preguntó por las sanciones aplicadas en los casos que se ha detectado conflicto de interés en los servidores públicos, y cómo se ha logrado hacer más eficiente los servicios del Registro Civil y cómo han funcionado los programas de Notario Público Digital y Empresario Digital.
El diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán, preguntó cómo ha funcionado el modelo de anticorrupción y cuál ha sido el papel de la Secretaría de Innovación en la pandemia.
Del Grupo Parlamentario del PT participó el diputado Fernando Mascareño Duarte, quien preguntó por las sanciones impuestas a funcionaros corruptos, y qué modificaciones a la ley de la materia se deben realizar mejorar la labor de las autoridades sancionatorias.
Del Grupo Parlamentario del PAN participó su coordinador Jorge Iván Villalobos Seáñez, quien advirtió que en materia de fiscalización, transparencia y aplicación de recursos públicos se ha dejado mucho que desear.
Lamentó que por el diseño que se tienen en el área de fiscalización este miércoles se haya exonerado a Armando Villarreal, extesorero de la administración de Mario López Valdez.
En su exposición inicial, la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas
María Guadalupe Yan Rubio, puntualizó que la labor preponderante de la dependencia a su cargo es preventiva y con ello mejorar la rendición de cuentas.
Informó que en la atención de las más de 10 mil observaciones realizadas a la administración estatal ya se lleva un avance del 97 por ciento de solventaciones y el 3 por ciento restante está en segunda ronda de análisis.
Expuso que en el 2020 se aplicaron 3 inhabilitaciones, 4 suspensiones, 15 amonestaciones públicas y dos sanciones económicas, y se tienen dos asuntos en fase de resolución y uno más en trámite.
De la eficacia de la dependencia a su cargo, expuso que del total de sanciones aplicadas, hubo 15 impugnaciones, de las cuales 11 fueron validadas por el Tribunal de Justicia Administrativa y 4 están en revisión en la Sala Superior.
El secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez Cázares, resaltó que el trabajo de esta dependencia se incrementó sustancialmente con la pandemia del COVID-19, sobre todo para apoyar a las áreas de salud y educación.
En trámites en línea, expuso, hubo un crecimiento del 64.58 por ciento; en envíos a domicilio, un aumento del 31.75 por ciento y citas en línea el alza fue del 880 por ciento.
Señaló que en “Documento Digital”, en el cual se pueden realizar ocho trámites en línea, ya se tienen 14 mil 795 usuarios, quienes pueden acceder a actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de divorcio, actas de defunción, CURP, licencia de conducir, carta de no antecedentes penales y tarjeta de circulación.
A través del Call Center para atender a pacientes de COVID-19, expuso que se cuenta con 349 trabajadores en las cuatro ciudades más grandes de Sinaloa, con la participación de 85 doctores de primera línea y 33 especialistas.
Se han atendido médicamente a 35 mil sinaloenses a través de esta línea, dijo.
