Pide socializar el condicionamiento de la entrega de recursos a cambio de modificaciones a las prestaciones y cláusulas al Contrato Colectivo de Trabajo por parte del gobierno federal

Redacción

CULIACÁN, Sin.- Con el llamado a socializar la situación que vive la Universidad Autónoma de Sinaloa y las demás universidades públicas del país ante el condicionamiento de la entrega de recursos a cambio de modificaciones a las prestaciones y cláusulas al Contrato Colectivo de Trabajo por parte del gobierno federal, el rector Juan Eulogio Guerra Liera cerró en la Unidad Regional Centro la Jornada Informativa con directores y medios de comunicación.

El dirigente universitario también exhortó a la comunidad universitaria a priorizar la estabilidad laboral y la calidad de la educación ante las nuevas políticas del gobierno federal y a revisar qué aspectos no impactan de manera general y sí en lo económico, para modificarlos, ya que es condición para que puedan llegar a la institución los recursos ordinarios.

“Hoy terminamos aquí una jornada de información que iniciamos en la zona sur, ayer en Los Mochis y Guamúchil, hoy terminamos aquí con los señores directores (…) es importante que podamos socializar una información como producto de la gestión para el cierre del año anterior y cómo iniciamos este año; el objetivo que hoy tenemos es preocuparlos porque hay una buena cantidad de personal que están en los umbrales del confort que se meten en su escuela pensando que fuera de ahí no existe nada”, expresó el rector a los directores.

Como lo hiciera en el resto de las unidades regionales, el rector se reunió por separado con medios locales y con los directores de unidades académicas para informarles, entre otras cosas, que este año la Universidad inicia con un adeudo de 200 millones de pesos que se empezarán a pagar a partir de febrero en partidas de 50 millones mensuales y que aún no llegan los 204 millones del gobierno federal comprometidos para el cierre de 2019.

Explicó que las autoridades federales consideran que las universidades públicas cuentan con recursos pero que en ellas hay dispendios y entre estos señalan prestaciones que tienen los universitarios por encima de lo que marca la ley, como el hecho de que la SEP envía recursos para pagar sólo 40 días de aguinaldo, pero en las universidades se pagan más y esa diferencia de recursos se va al déficit, también señalan la jubilación dinámica.

“El gobierno federal dice: vamos revisando y quitando prestaciones que no corresponde a lo que por ley no les debe de tocar, y sobre esa base vamos regularizando a las instituciones, no habría más problema si en el caso de la UAS ponen como fecha el mes de marzo (…) iniciamos una Jornada de Información, debemos ser autocríticos y suficientemente inteligentes para reconocer que no es una situación interna, ni doméstica de disposición del rector, ni de radicalismo del sindicato, ni de querer perjudicar a nuestros compañeros jubilados”, expresó Guerra Liera.

Reiteró que se trata de privilegiar la relación y estabilidad laboral y mejorar la calidad educativa y en ningún momento se quiere quitar la jubilación dinámica sino buscar puntos medios que permitan seguir contando con esta prestación.

“No tomaremos una decisión unilateral ni a escondidas, vamos a ir a todos los sectores incluyendo a los jubilados”, dijo Guerra Liera al considerar que si de manera propositiva y con la preocupación de resolver en casa la situación se revisa, se podrá llegar a una propuesta que permita ir avanzando en la relación con el gobierno federal, ya que es una condicionante para no retener el presupuesto ordinario.

El rector advirtió que además de cambiar el Contrato Colectivo, las autoridades federales están pidiendo recorte de personal, y en el caso de la UAS le estaban pidiendo que cumpliera con un 20 por ciento de recorte en 2018 y un 30 por ciento en 2019, cuando lo que se les presentó fue un compromiso de reducir las futuras contrataciones en esos porcentajes, nunca se dijo recortar nómina.

Señaló la necesidad de que la universidad se prepare ante observaciones directas que señalan dispendios y que en realidad son resultado de un movimiento que se dio en la década de los años 70 y 80, y que no se previó de dónde saldrían los recursos para cumplir con esos compromisos.

Guerra Liera calificó de inédito que el Gobierno Federal esté condicionando de esta forma los recursos a las universidades.

El proyecto iría de Las Glorias a Boca del Río

Redacción

GUASAVE, Sin.- Rodolfo Leyva Hashimoto enlace del Ayuntamiento de Guasave con el gobierno federal presentó a la alcaldesa Aurelia Leal López, regidores y funcionarios, cinco propuestas de proyectos para el desarrollo turístico del municipio.

Con un Malecón de Las Glorias a Boca del Río, la ampliación de 440 metros del pavimento del bulevar Tiburón en esa franja y una tirolesa y atracadero flotante en Boca del Río.

También una tirolesa y atracadero flotante en El Cerro Cabezón y un parque recreativo turístico en el Río Sinaloa en Tamazula.

El pasado jueves el nuevo parador fotográfico en Las Glorias fue reinstalado después de que un grupo de jóvenes causaron daños a las letras.

La presidenta municipal hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar este espacio, que es un patrimonio de los guasavenses.

En su momento los responsables de este hecho realizaron trabajo comunitario en apoyo al Comité de Obras de este balneario y pagaron los daños materiales.

Cada una de las letras tiene imágenes del aves, pesca, olas, animales marinos y playa elaborados por el muralista Alexis Gutiérrez.

Además se le solicita informe la situación financiera y técnica que guarda la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio

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CULIACÁN, Sin.- El Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo propuesto por el diputado de Morena, Gildardo Leyva Ortega, que exhorta a comparecer a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, para que informe qué acciones se realizan para garantizar la distribución de agua potable saludable para consumo humano.

De igual manera se le solicita informe la situación financiera y técnica que guarda la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio.

El punto de acuerdo, que fue aprobado por mayoría, fue turnado a las comisiones de Salud y Asistencia Social, así como a la de Ecología y Desarrollo Sustentable, para la definición de fecha, hora y lugar para el desarrollo de la comparecencia.

Gildardo Leyva recordó que desde 2018 la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios analizó muestras de agua y el resultado fue que había presencia fecal con coliformes totales.
Incluso señaló que en 2016 hubo un repunte de casos de hepatitis en el municipio de El Fuerte, lo cual, según denuncias hechas, era consecuencia del inadecuado tratamiento que se le da al agua potable que se distribuyen a los habitantes.

“A decir de la Coepriss”, precisó, “a falta de un proceso de cloración que debe realizarse para descontaminar el agua, en cuya ausencia deriva en el riesgo de brote de enfermedades de origen hídrico”.

Ante ello, consideró necesario tomar medidas para garantizar una cloración adecuada en todos los puntos de las redes de los sistemas de abastecimiento de agua potable para prevenir riesgos en la salud de los habitantes de El Fuerte.

Agregó que a finales del 2018 la misma Coepriss ordenó a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte mejorar la calidad de agua porque en las condiciones en que se otorga a la población representa un riesgo de salud.

Sin embargo, el diputado Leyva Ortega observó que la alcaldesa de El Fuerte ha señalado que el elevado pago a la CFE y proveedores y la falta de cultura de pago de los usuarios mantiene a la Junta de Agua Potable en constantes problemas financieros.

Incluso, señaló, la alcaldesa pugna por un rescate financiero de este organismo operador del agua, de acuerdo a declaraciones públicas que hizo apenas en diciembre del 2019.

El problema es, advirtió, que la situación del agua potable contaminada se ha recrudecido en los últimos meses y ante ello los fortenses demandan información clara y transparente, pero sobre todo soluciones de corto plazo que eliminen los riesgos de brotes de enfermedades de la piel y gastrointestinales.

El diputado Gildardo Leyva propuso el siguiente punto de acuerdo:
“Se exhorta a comparecer a la C. Nubia Xitlalic Ramos Carbajal, Alcalde del municipio de El Fuerte, para que informe qué medidas se han diseñado y/o se están implementando con el objetivo de garantizar que el agua que se potabiliza sea salubre y apta para los usuarios.

Adicionalmente, informe la situación financiera y técnica que guarda la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte”.

Buscan tipificar como delito la imposición de cuotas obligatorias por el manejo de las cosechas en bodegas

Redacción

CULIACÁN, Sin.- Fuerzas políticas representadas en el Congreso del estado respaldaron la iniciativa del grupo parlamentario del PRI que busca tipificar como delito la imposición de cuotas obligatorias por el manejo de las cosechas en bodegas.

La iniciativa, que se presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, busca reformar el Código Penal para configurar como delito el actuar de los empresarios acopiadores cuando de forma unilateral y sin consentimiento del productor impongan cuotas obligatorias en dinero por tonelada de cosecha recibida o que se realice un contrato de comercialización.

En el punto de Asuntos Generales de la sesión de este jueves 09 de enero, el diputado del PRI, Faustino Hernández, subió a tribuna para informar de la presentación de dicha iniciativa y explicar el contenido de la misma.

Luego de ello recibió, también en tribuna, el respaldo de la diputada Flora Isela Miranda Leal, así como del diputado Eleno Flores Gámez.

Faustino Hernández, había expresado previamente en tribuna que cada año los acopiadores o bodegueros les imponen cobros obligatorios e indebidos a los productores de maíz y otros granos.

Esos cobros, dijo, los aplican como condición para poder recibir las cosechas en las bodegas, y además retrasan el pago de las mismas, como sucede actualmente en las regiones norte y centro de Sinaloa por parte de las empresas Granos y Multigranos.

Los acopiadores, dijo, justifican el cobro por las maniobras, pero estas maniobras son normales para la operación de sus bodegas y no hay razón para aplicar esos cobros.

Esa es la razón, explicó, por la que los productores agrícolas recurren a la toma de bodegas.

Esta última pena aplica si el sujeto activo tiene relación de parentesco por consanguinidad afinidad, matrimonio, concubinato o relación de hecho con el sujeto pasivo

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CULIACÁN, Sin.- El pleno del Congreso del estado aprobó por unanimidad el dictamen de reforma y adiciones al Código Penal que impone cárcel y multa económica a quien publique o difunda, por cualquier medio electrónico, imágenes, audios o videos eróticos de una persona, sin su consentimiento.

Los diputados valoraron pertinente la propuesta de establecer en el Código Penal para el Estado de Sinaloa, un nuevo tipo penal y sus agravantes con la finalidad de proteger a quienes han sido víctimas de violación a la intimidad y así poder castigar a quien realiza la difusión de contenido sexual, sin su consentimiento.

Yeraldine Bonilla Valverde, integrante del grupo parlamentario de Morena, impulsor de esta iniciativa, expresó que ahora quienes sean víctimas de la violencia a su intimidad digital, sin importar sexo u orientación, podrán denunciar ante las autoridades competentes cualquier agresión.

Esta denuncia, afirmó, deberá proceder, terminando así con el hueco legal que impedía darle trámite.

LOS CASTIGOS

La iniciativa reforma el Código Penal del Estado de Sinaloa y adiciona el Capítulo V Bis, llamado Violación de la Intimidad Sexual, que penaliza de uno a tres años de prisión a quien cometa este delito.

Se penaliza a quien con propósitos de lujuria o erótico sexual, publique o difunda por cualquier medio electrónico, textos, imágenes, sonidos de audios o videos de una persona, sin su consentimiento.

Se presume que se publican o difunden con los propósitos aludidos en el párrafo anterior si se trata de imágenes o videos que muestran al sujeto pasivo desnudo o semidesnudo.

En caso de que el sujeto pasivo sea una persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo o si se trata de una persona menor de 18 años, se impondrá prisión de tres a cinco años.

Cuando la publicación o difusión a que se refiere este artículo sea con fines de lucro, la pena de prisión será de tres a seis años y de 500 a mil días multa.

Las penas anteriores se aumentarán hasta en una mitad más si el sujeto activo tiene relación de parentesco por consanguinidad afinidad, matrimonio, concubinato o relación de hecho con el sujeto pasivo.

Además de la aplicación de las penas previstas en el presente artículo, si el sujeto activo es servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el cargo le proporciona, además de la pena señalada, será destituido del cargo y se le inhabilitará para el ejercicio de la función pública hasta por siete años.

En caso de reincidencia en cualquier supuesto previsto en este capítulo, la pena de prisión aumentará hasta una tercera parte.

Este delito se perseguirá por querella de parte, excepto en los supuestos previstos en el tercero y cuarto párrafo del presente artículo que serán perseguibles de oficio.

Incurrirá también en acoso sexual quien sin consentimiento y en perjuicio de la intimidad del sujeto pasivo, con propósitos de lujuria o erótico sexual, grabe, reproduzca, fije, ofrezca, almacene, importe o exporte de cualquier forma, imágenes, texto, sonidos o la voz, de una persona, sea en forma directa, informática, audiovisual o por cualquier otro medio.

En los considerandos que sustentan la iniciativa se informa que México ya está entre los primeros lugares a nivel mundial en el uso de redes sociales, y también es el segundo país con mayor número de ataques por parte de criminales que utilizan la red para el tráfico órganos, pornografía infantil, secuestros reales y virtuales, extorsión, entre otros delitos.

PORNOVENGANZA SE VIRALIZA

Uno de los que ha comenzado a viralizarse es la pornovenganza, una acción que viola la intimidad de un individuo, cuando una persona publica o comparte imágenes, videos, audios o mensajes con contenido sexual de otra persona sin su consentimiento.

Con base en estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, se estima que al menos 9 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso, incluido en éste la porno venganza.