Es de los pocos estados del país que realiza una verificación del total de los sujetos obligados o dependencias

Redacción

CULIACÁN, Sin.- Sinaloa se ubica en un lugar preponderante, el quinto lugar a nivel nacional en cuanto al cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia y no fue nada fácil, enfatizó la presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, Rosa del Carmen Lizárraga Félix.

Resaltó que Sinaloa es de los pocos estados del país que realiza una verificación del total de los sujetos obligados o dependencias, ya que la mayoría de los estados lo hace de manera censal, es decir, revisa solo una parte de los sujetos obligados.

Destacó que de 2015 a 2019 se han realizado 15 mil solicitudes de acceso a la información por año y se han aplicado 900 recursos de revisión anualmente.

Indicó que con la nueva ley, Ceaip también adquiere la facultad de aplicar medidas de apremio que van desde amonestaciones, hasta multas de entre los 12 y los 120 mil pesos, mismos que deben ser cubiertos por el servidor público que incurra en la irregularidad u omisión de transparencia.

“En Sinaloa hemos avanzado en transparencia, hace años sería impensable que el ciudadano tuviera la información que tiene a la mano ahora; y lo que sigue es empezar a trabajar con la actual legislatura para crear una Ley estatal de Archivos Públicos que vaya de la mano con la ley general en la misma materia, cuyo plazo termina el mes de junio del 2020”, finalizó.

A unos días de dejar la presidencia tras cumplir con un periodo de cuatro años y pasar a ser Comisionada, Lizárraga Félix anunció que el próximo 30 de octubre celebrarán sesión solemne ya con el nuevo Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, a efecto de decidir quién ocupará la presidencia.

Después del veto, con el que no cuenta el Ejecutivo para estos casos específicos, pretende intervenir en el desarrollo de las funciones internas del Congreso, señalan

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CULIACÁN, Sin.- Por ‘vetar’ los decretos de informes de cuentas públicas, la Comisión de Fiscalización, que preside el diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, aprobó solicitar a la Mesa Directiva, por conducto de su Presidenta, interponer Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del Poder Ejecutivo del Estado.

Marco Antonio Zazueta Zazueta, Marco César Almaral Rodríguez, Jorge Iván Villalobos Seáñez, Flora Isela Miranda Leal, Cecilia Covarrubias González y Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, diputados de la Comisión de Fiscalización, aprobaron interponer esta Controversia Constitucional.

En el considerando del acuerdo, se menciona que si bien es cierto que el artículo 46 de la Constitución del Estado determina que el Ejecutivo, en esa colaboración e interrelación institucional puede hacer observaciones a leyes y decretos que el Congreso aprueba y le envía para su promulgación y publicación, esa actuación está limitada por la naturaleza jurídica del decreto y propiamente del acto en sí.

Esto es, se explica, para hacer observaciones primero debe el Ejecutivo determinar si se trata de disposiciones de decreto ley desde la perspectiva netamente formal legislativa o bien si se trata de un decreto respecto de un acto en sentido materialmente administrativo.

Es muy claro, se lee en el acuerdo, que Poder Ejecutivo con el desarrollo del veto, con el que no cuenta para estos casos específicos, pretende intervenir en el desarrollo de las funciones internas del Congreso, con el objeto de que no se le revisen las cuentas públicas.

Pretende no se le revisen las cuentas públicas ni a ese Poder, a la administración pública estatal y paraestatal, municipios y sus órganos paramunicipales, a los órganos autónomos, ni a ningún otro en Sinaloa, que realicen gasto público, aun cuando la misma Constitución determina que se pueden vigilar gastos incluso hasta de los particulares que reciban recursos públicos.

Máxime, se lee en el acuerdo, que esta soberanía observa que en el informe general de resultados, la Auditoría Superior del Congreso omitió deliberadamente demasiada información convirtiendo a este documento en un acto enteramente inconstitucional e ilegal dado que no cumple con los principios de legalidad.

Aun cuando el Ejecutivo tiene la obligación de publicar los decretos que le envíe el Congreso, decide argumentar que éste no cuenta con atribuciones para llevar a cabo la fiscalización de las cuentas; y como él mismo lo dice, se trata de una cuestión interna que corresponde a la Auditoría Superior del Estado.

Por ende la lógica es que no debe intervenir en ese accionar entre dos instituciones que no dependen de su estructura ni está supeditado a su organización ni opiniones.

Argumentarlo así, significa que la supremacía de la Constitución dentro de la jerarquización de las normas y por ende el Principio de la División de Poderes, no existen en nuestro sistema jurídico, se lee.
Porque de facto, dice el acuerdo, el Poder Ejecutivo se convierte en un órgano controlador del Poder Legislativo y de la Auditoría Superior del Estado, supeditándolos a sus caprichos y voluntad.

Con esto, tanto el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, se unirían en una sola persona constituyendo una visión monárquica en completa contradicción a los principios democráticos del sistema, haciendo nugatorio el equilibrio y contrapesos que realizan los poderes.

El único artículo transitorio precisa que el presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por la Comisión Permanente de Fiscalización.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta Zazueta dijo que al haber puntos de vista diferentes, otra instancia, deberá determinar quién está actuando dentro de la legalidad.

Se introducen al programa Rese que mide las condiciones nutricionales de la población inscrita en planteles de educación básica

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CULIACÁN, Sin.- En el marco de este evento el Sistema DIF Sinaloa se sumó al programa de Registro de Salud Escolar (Rese), que coordina la Secretaría de Educación Pública y Cultura, entregando mil básculas las cuales serán de mucho beneficio.

El objetivo de este programa, mide las condiciones nutricionales de la población inscrita en planteles de educación básica públicos y particulares, para combatir la obesidad y desnutrición en los alumnos.

Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta de DIF Sinaloa, puso en marcha la primera etapa de rehabilitación de aulas cocina.

Uno de los principales objetivos es sustituir de manera paulatina los desayunos escolares fríos por desayunos calientes, tal cual lo ha solicitado DIF Nacional, esto como estrategia para que los estudiantes reciban alimento con mayores niveles de calidad nutricia.