Familiares sufren de intimidaciones al igual que los integrantes del CDHNL, con rondines de militares y policías estatales en las inmediaciones de sus domicilios
Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.- Con un largo historial de hechos violentos y abusos de las fuerzas armadas durante más de una década de “guerra contra el narcotráfico”, Nuevo Laredo se convirtió en escenario del que podría ser el primer caso de ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La muerte de ocho personas y el montaje de un supuesto enfrentamiento entre policías y narcos a plena luz del día, el jueves 5 se atribuye a efectivos del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), el cuerpo élite de la policía estatal, con la participación de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los hechos ocurrieron días después de que, el 27 de agosto, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca solicitara a López Obrador “una estrategia conjunta para terminar con la violencia y la inseguridad” en la entidad fronteriza.
Las muertes, que el gobierno tamaulipeco presentó como el resultado de un enfrentamiento entre policías estatales e integrantes del Cártel del Noreste (CDN), fueron denunciadas como ejecuciones extrajudiciales por el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez.
El caso fue documentado a partir de relatos de testigos, sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes ahora sufren de intimidaciones al igual que los integrantes del CDHNL, con rondines de militares y policías estatales en las inmediaciones de sus domicilios.
El miércoles 11 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares para al menos 30 personas, pero el temor persiste, por lo que se pidió a los medios de comunicación mantener en reserva los nombres completos de las víctimas, sus familiares y testigos.
Con información de Proceso
