Con 341 votos a favor, 119 en contra y una abstención, el documento fue aprobado con el respaldo de Morena, Partido del Trabajo, Encuentro Social y PRI
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CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general la minuta del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República con la que se reglamenta la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la PGR.
Con 341 votos a favor, 119 en contra y una abstención, el documento fue aprobado con el respaldo de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, así como del PRI, mientras que los diputados del PAN, PRD y de Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra.
Al fijar su posicionamiento, la priista Mariana Rodríguez Mier, adelantó el voto a favor en lo general del dictamen, pero advirtió que la minuta no cumple con la promesa de una fiscalía autónoma y de un ejercicio de parlamento abierto en donde se escucharía a la sociedad.
Sostuvo que si a pesar de todo la mayoría insiste en su aprobación “y sabedores también que el nuevo gobierno tiene el derecho a organizarse como lo crea conveniente para afrontar sus responsabilidades constitucionales, el PRI no será impedimento para que se nombre a un fiscal que en teoría logre bajar los índices de violencia e impunidad”.
Al fundamentar el dictamen, el morenista Ernesto Palacios Cordero dijo que el dictamen es la base para la creación de la Fiscalía General de la República, que no ha existido, la cual busca, dentro del Sistema Penal Acusatorio, observar plenamente los derechos del imputado y de las víctimas.
Ello, agregó la legisladora, en el marco de un proceso garantista que incorpore y visibilice la justicia, la búsqueda de la verdad, la garantía de no repetición y la reparación del daño.
Rodríguez Mier defendió el diseño institucional de la nueva Fiscalía que -dijo- incorpora mecanismos diferentes para la rendición de cuentas, a través de los cuales se promueve la transparencia, la eficiencia, la integridad y se combata a la corrupción.
Apuntó que el dictamen avalado destaca la importancia de incorporar al ámbito de atribuciones de la Fiscalía a través de una coordinación de métodos de investigación, la base nacional de información genética, que integre la información proporcionada por víctimas o por familiares respecto a las personas desaparecidas.
Afirmó que los principios rectores de la actuación de la Fiscalía serán: la autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, el respeto a los derechos humanos, accesibilidad e imparcialidad.
Se plantea como estructura un fiscal general, una coordinación general, fiscalías especializada en materia de derechos humanos, en delitos electorales, en combate a la corrupción y una en asuntos internos, justamente con el mismo propósito de combatir la corrupción al interior.
Además, dijo, hay una coordinación de investigación y persecución penal, una coordinación de métodos de investigación y una de planeación, administración, así como el órgano de control, además de que habrá un consejo ciudadano que tendrá diversas facultades establecidas en la ley, que es clave en materia de participación ciudadana.
La diputada abundó que se establece claramente la obligación de rendición de cuentas del fiscal general, al presentar anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe de actividades y, en su caso, la obligación de comparecer.
Previo a la discusión, la diputada del PRD, Verónica Juárez presentó una moción suspensiva, con la finalidad de que el dictamen sea regresado a la Comisión de Justicia, argumentando que contiene deficiencias.
En tanto, la panista María del Pilar Ortega Martínez mencionó que desde hace más de dos años su partido y una serie de organizaciones de la sociedad civil han levantado la voz para destacar la necesidad de reformar el artículo 102, y corregir fallas de origen.
En tanto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Villarreal, dijo que “el país requiere una Fiscalía ajena a la lógica político-partidista”, por lo que no podían aprobar una ley con inconsistencias orgánicas y estructurales, “que no atiende las propuestas y observaciones de la sociedad civil”.
