CIUDAD DE MÉXICO.- Desde su victoria electoral el 1 de julio el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se ha caracterizado por una catarata de anuncios tan controvertidos como ambiguos en temas como seguridad, justicia o austeridad, tres de las banderas que impulsaron a Morena a un triunfo histórico.

Algunas de las propuestas que se han hecho en tres meses de la transición gubernamental tienen un mal encaje en el código penal actual, necesitan una reforma constitucional o simplemente son de complicada aplicación.

COMISIÓN DE LA VERDAD

López Obrador se comprometió a la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El desencanto llegó al conocerse que dicha comisión no será vinculante, sino que simplemente se redactará un informe con una recomendación que será integrada por las instancias de justicia.

La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, justificó el carácter simbólico de la comisión, frente a las presiones de los padres de los 43 alumnos, que exigen que esta tenga consecuencias penales.

Según Cordero, en la comisión estarán representados los padres de los estudiantes, organismos internacionales y expertos que “trabajarán en paralelo con la fiscalía”.

Una fiscalía que hasta ahora no ha satisfecho a las víctimas. A ello se añaden otras dudas como saber si ésta se limitará solo a Ayotzinapa o funcionará también para Tlatlaya, Apatzingán o Nochixtlán.

Las víctimas de la última década también exigen saber si la comisión abordará los más de 40 mil desaparecidos y los 240 mil muertos de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto o se limitará exclusivamente a Ayotzinapa.

GUARDIA CIVIL

López Obrador anunció esta semana la creación de una Guardia Civil que tendrá “un uso limitado de la fuerza” y para la que pidió la colaboración del Ejército.

El presidente electo describió el nuevo cuerpo como “un Ejército de paz que nos tiene que ayudar a garantizar la seguridad interior y la seguridad pública”, dijo en Tlatelolco.

Sin embargo, no detalló ni la forma, ni el presupuesto, ni las funciones que tendrá o si con ello descarta por completo la creación de una Guardia Nacional tal y como prometió en campaña.

Desde el Senado, Cristóbal Arias, integrante de la comisión de justicia, aclaró que la Guardia Civil no significará militarizar las labores de seguridad, porque no será una fuerza ejecutora, sino auxiliar, pero tampoco definió su encaje legal.

“Habrá que ver cómo se va a manejar esto jurídicamente, si a través del ámbito legislativo o si serán acuerdos o un decreto del Ejecutivo”. La oposición le ha exigido claridad y “no dar bandazos”, dijo Damián Zepeda del PAN.

EL PAPEL DEL EJÉRCITO

La relación de López Obrador con las Fuerzas Armadas es una de las temáticas más ambiguas en la transición. A pesar de que prometió que volverían a los cuarteles, el líder de Morena sostiene ahora que es imposible prescindir de ellas en el medio plazo para apoyar en tareas de seguridad pública.

Algo parecido sucede con la polémica Ley de Seguridad Interior. A las críticas de la campaña electoral les ha seguido el silencio del presidente electo mientras la Suprema Corte de Justicia (SCJN) decide si es o no inconstitucional. Si el tribunal la avala, facilitaría su relación con el Ejército y la Marina.

Pero sería un golpe para los simpatizantes de López Obrador, quien prometió derogarla al llegar al poder. Si, en cambio, desecha la misma por inconstitucional, para lo cual se requiere una mayoría calificada con ocho de los 11 votos, el presidente electo tendrá que definir cuanto antes un modelo que sigue sin aclarar.

Los titulares de Defensa y Marina son de los pocos cargos de su gabinete que no ha hecho públicos.

PERDÓN Y AMNISTÍA

Los términos perdón y amnistía han ido perdiendo fuerza a medida que López Obrador ha recorrido el país durante los foros de pacificación convocados por él.

Ante las protestas de las víctimas el presidente electo ha tenido que matizar que ésta sólo aplicará para aquellas personas encarceladas sin delitos de sangre.

“Niños y niñas cooptadas por el crimen organizado que hayan participado en delitos como el tráfico de armas o drogas”, dijo Loretta Ortiz, encargada de los foros del líder de Morena.

El próximo mandatario no ha aclarado como se aplicará dicha amnistía, si a través de un decreto presidencial o de la puesta en marcha de una justicia transicional.

FISCALÍA ESPECIAL PARA LA PAZ

La coordinadora nacional de los Foros por la Paz y la Reconstrucción, Loretta Ortiz, anunció la creación de una Fiscalía para la Paz, a partir de una nueva ley que se presentará el 24 de octubre.

Ortiz explicó que esta Fiscalía atenderá los crímenes más graves “durante el próximo sexenio”. Entre los delitos que atenderá se encuentran la desaparición forzada; trata de niños, niñas y adolescentes; ejecución arbitraria; tráfico de migrantes; feminicidios y delitos contra periodistas y activistas.

De acuerdo con Ortiz, este nuevo sistema integrará la comisión de la verdad, una Comisión de Investigación y un Tribunal Penal para la Paz.

El anuncio de Loretta Ortiz matiza que se investigarán los crímenes del “próximo sexenio”, lo que deja dudas sobre la voluntad del nuevo Gobierno por esclarecer los crímenes del pasado –salvo Ayotzinapa– y extiende la creencia de que existe un pacto entre el nuevo y el anterior Gobierno para no remover más de lo necesario.

AUSTERIDAD Y RECORTE SALARIAL

López Obrador anunció una reducción del 70% de los empleados de confianza y el recorte de cualquier sueldo que supere los 108 mil pesos mensuales (algo más de 5 mil 700 dólares), que será el salario del presidente.

Sin una explicación técnica que defina por qué el despido del 70 por ciento de los empleados es el óptimo.

Paralelamente, la medida se ha encontrado con la resistencia de muchos funcionarios o los jueces. Esta semana cientos de trabajadores del Senado presentaron su renuncia ante la imposibilidad de recibir algunos de los bonos y ayudas con la que completan sus ingresos.

Paralelamente, los trabajadores del instituto nacional de estadística (INEGI) o los magistrados de la Suprema Corte se han negado a bajarse sus millonarios salarios, sin que el presidente electo haya explicado cómo meterá en cintura a los funcionarios rebeldes.