El presidente destaca que su administración buscará atender a este sector que se encuentra desprotegido y en la pobreza; Margarita Ríos-Farjat, la nueva titular del SAT

Excélsior

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que su gobierno trabajará para atender a todos los mexicanos, pero dará prioridad a los más pobres y a los indígenas.

Durante la presentación del exsecretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca en 2016, Adelfo Regino Montes, como director General Instituto Nacional de Pueblos Indígenas indicó que las acciones del gobierno se enfocarán a las poblaciones indígenas, debido a los altos índices de pobreza en éstas.

Se va a atender a todos los mexicanos y se le dará preferencia a los más necesitados, a los más pobres. Como sabemos, aunque duela hasta decirlo, los más pobres entre los pobres son los indígenas, por eso, toda la acción del gobierno tendrá como población preferente a las comunidades indígenas”, dijo.

Además, destacó que en el Diario Oficial de la Federación de este miércoles aparece la entrada en vigor de la comisión de la verdad para investigar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero.

López Obrador también destacó el nombramiento de Margarita Ríos-Farjat, como la directora general del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a quien calificó de honesta, en tanto, Rosalinda López Hernández, esposa del gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón, quien se decía semanas antes sería la titular integrará el equipo de trabajo en esta institución.

“Ella es una abogada muy prestigiada, honesta y siempre fue considerada para este cargo. Rosalinda es extraordinaria como servidora pública, profesional, ella es contadora y va a ayudar también en el SAT, sólo que la directora será Margarita Ríos”, aclaró.

Reiteró que en su administración no habrá alzas ni más impuestos y que trabajarán para que los ciudadanos tengan facilidades para el simplificar trámites.

Sobre este último punto explicó que en el Congreso se analiza una Ley de Confianza Ciudadana para que los dueños de restaurantes, hoteles, tiendas, talleres… no padezcan de inspecciones de la secretaría de Salud, del Medio Ambiente, de Economía.

Habrá un padrón al que se inscribirán y bajo protesta de decir verdad dirán que cumplirán con los reglamentos y la ley y al término del padrón se llevará a cabo un sorteo para que en un porcentaje mínimo los elegidos sean supervisados incluso por las cámaras empresariales.

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En caso de que el dueño del establecimiento haya incumplido con la ley, será supervisado permanentemente y en caso contrario, tendrá un reconocimiento firmado por el Presidente en el que se le destaque como buen ciudadano.

“El contribuyente no es un delincuente potencial, sino responsable. Queremos avanzar hacia el pago de las contribuciones para que cada ciudadano actúe con responsabilidad”, indicó.

López Obrador confío en que los mexicanos contribuyan con su pago de contribuciones.

Como entregar una carta a los reyes magos, unos 300 alcaldes y funcionarios municipales hicieron fila para presentar proyectos de infraestructura en busca de recursos en el Presupuesto de Egresos 2019

Excélsior

CIUDAD DE MÉXICO.- Alcaldes están dispuestos a formarse por días en la Cámara de Diputados para que los legisladores les reciban sus proyectos de infraestructura básica y les etiqueten recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.

Coinciden en que le han hecho una carta a los Reyes Magos y buscan tocar hasta la última puerta para que les den recursos para obras como drenaje, pavimentación y alumbrado público.

Así, ediles y representantes de sindicatos y universidades, entre otros funcionarios, hicieron una fila en el Palacio Legislativo de San Lázaro para solicitar apoyo.

Afuera había una fila de unas 300 personas, pero a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pasaban de 30 en 30 para entregar sus proyectos de obras.

“Tenemos necesidades en nuestro municipio básicas de agua potable, drenaje, vivienda, drenaje, vivienda, pavimentaciones, deporte, cultura y estamos gestionando recursos aquí en la Cámara”, dijo el alcalde de Ecuandureo, Michoacán, Jesús Infante Ayala.

“Y yo les vengo diciendo: aquí lo que venimos a hacer es nuestra cartita de los Santos Reyes y esperar ya en el PEF, cuando se apruebe, a ver que nos toca, verdad. Tenemos muchas necesidades en nuestro municipio y ojalá nos toque mucho”, exclamó.

Comentó que tiene un par de días en la ciudad y a pesar de que tenía la ficha 10 llevaba tres horas formado para entregar sus documentos.

Mientras, Oscar Pimentel Ugarte, presidente municipal de Atoyac, Veracruz, comentó que llegó a la capital el domingo y no se irá hasta que le den una respuesta.

“Tengo desde el día de ayer aquí y me voy hasta que tengo yo algo claro para poder llevarle a los ciudadanos que confiaron en mí como su presidente municipal.

“Yo creo que todos los municipios del país estamos en esta misma situación. Tenemos muchas necesidades, como nosotros somos las autoridades que estamos directamente con los ciudadanos, pues son a los que nos reclaman”, dijo.

Han pasado tres semanas desde que más de seis mil centroamericanos llegaron a Tijuana y dos mil más a Mexicali… el desafío, en adelante, será que no se conviertan en víctimas de la trata de personas o el crimen organizado.

Milenio

TIJUANA, B.C.- Para la caravana migrante, el sueño americano se quedará en Tijuana. Muy pocos lograrán, mediante el asilo, cruzar a Estados Unidos, y mientras crece la lista de quienes buscan regresar a sus países de origen, también la voluntad de conseguir empleo y asentarse en la frontera mexicana.

Han pasado tres semanas desde que más de seis mil centroamericanos llegaron a Tijuana y dos mil más a Mexicali… el desafío, en adelante, será que no se conviertan en víctimas de la trata de personas o el crimen organizado, además de que su presencia no será un reto mayúsculo para las autoridades, siempre y cuando estén organizadas.

Así lo advierte el secretario general académico del Colegio de la Frontera Norte, Óscar Contreras, quien asegura que evitar los riesgos dependerá de las opciones de reinserción social y económica de este grupo vulnerable que ha enfrentado no solo el hacinamiento en los albergues, sino también el rechazo de un sector de la población de Tijuana que los sataniza.

Contreras señala que el intento fallido de cruce, el pasado 25 de noviembre, representa un punto de quiebre en las aspiraciones de quienes salieron el 13 de octubre de Honduras y recorrieron miles de kilómetros hasta Tijuana en busca de puertas abiertas hacia Estados Unidos.

Al día siguiente de que los migrantes se toparon con el muro y la patrulla fronteriza, se incrementó el número de solicitudes de retorno asistido a sus países, además del interés por obtener un trabajo temporal ofertado en la Feria del Empleo que instaló el gobierno del estado.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al menos mil 500 migrantes han realizado trámites para un empleo. “Son cada vez más y tenemos evidencia de ello, los que se van a quedar en la ciudad y habría que enfocar más la estrategia en este segmento de los migrantes. Estrategias de inserción, se trata de un conjunto de estrategia, ahí si el estado tiene los recursos, pero requiere una sintonía bien calibrada para que realmente existan opciones”.

Asegura que, a diferencia de los señalamientos de algunas autoridades locales, como las del propio alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, si deciden quedarse en la ciudad, no deberá ser motivo de una crisis económica y mucho menos social.

“Los que se van a quedar representan un desafío en muchos sentidos para la ciudad, debo decir, un desafío muy manejable, no es algo que ponga en crisis ni amenace la viabilidad de la ciudad”, asegura en entrevista.

El mayor reto estará en la seguridad, pues los crecientes índices delictivos en Tijuana obligan a una asignación de recursos económicos y humanos.

“La proporción de recursos que se tienen que destinar en materia de seguridad para la atención de los migrantes es mayor a las implicaciones para otro tipo de servicios públicos. Lo anterior es particularmente relevante en un contexto de niveles crecientes de violencia, como ha conocido la ciudad en los dos últimos años, asociados a un crecimiento de la percepción de inseguridad”, indica el estudio “La caravana de migrantes centroamericanos en Tijuana 2018, diagnóstico y propuestas de acción”, elaborado por el Colegio de la Frontera Norte.

“Un grupo de migrantes de esta magnitud representa importantes oportunidades de negocio para grupos criminales, tales como el cobro a los migrantes por el servicio de cruzarlos a Estados Unidos y la venta de drogas. También existe la posibilidad de que algunos grupos criminales pretender reclutar migrantes para sus organizaciones, por ello brindar servicios de seguridad a la caravana implica desplazar recursos humanos y materiales de las instituciones de seguridad que antes estaban asignados a otras tareas”, detalla el análisis.

La propuesta pasa por mejorar los servicios de salud y reorganizar la condición en que se encuentra el albergue para evitar enfermedades y hacinamiento, así como mejorar la situación de alojamiento.

El documento presentado detalla que al menos 20 por ciento de sus integrantes, de un universo de mil encuestados, admite la intención de quedarse en Tijuana y desistir de cruzar sin documentos a Estados Unidos.

Igualmente, solo 20 por ciento manifestó interés por solicitar asilo en Estados Unidos. Actualmente hay un rezago de al menos 2 mil solicitudes, por lo que el tiempo de espera puede prolongarse por meses.

Aunado a ello, el gobierno estadunidense se demora entre 180 días y hasta dos años para presentar un caso de asilo ante un juez. Menos de 25 por ciento de los centroamericanos que lo solicitan, recibe una resolución afirmativa.

Lo mismo ocurre con quienes buscan tramitar la condición de refugiados en México, pues hay un rezago desde 2017, y solo 53 por ciento de las solicitudes se han procesado. Frente a la posibilidad de que muchos opten por el cruce irregular con apoyo de coyotes, el Colegio de la Frontera Norte refiere que la Encuesta de Migración en la Frontera Sur de 2017 dice que 77.6 por ciento de los centroamericanos devueltos a sus países de origen habrían contratado a un pollero para lograr cruzar y, en promedio, pagó 4 mil 610 dólares.

Por eso, la alternativa de permanencia en México es creciente para los centroamericanos que llegaron a suelo nacional el 19 de octubre pasado.