Expresa su preocupación por la propuesta contenida en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024
La Jornada
CIUDAD DE MÉXICO.- La creación de una Guardia Nacional contraviene tanto la Constitución mexicana como los principios, recomendaciones y criterios emitidos por instancias internacionales que México está obligado a cumplir.
El pleno del Consejo Consultivo (CC) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por la propuesta contenida en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que la semana pasada presentó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya que se asignarían las tareas de seguridad pública en el país a una institución de carácter castrense: la Guardia Nacional.
Lejos de ello, agregó esta instancia de la CNDH enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones civiles en materia de seguridad, a fin de que sean éstas las que se encargen de estas labores y se reduzca la participación de elementos de las fuerzas armadas en cuanto sea posible.
EL CC del organismo nacional se conforma por 12 destacados expertos en derechos humanos y tiene entre sus principales facultades establecer los lineamientos generales de actuación de la CNDH; la aprobación del Reglamento Interno y demás normativa, así como de sus modificaciones o adiciones; emitir opiniones sobre los informes anuales del ombudsman, entre otras.
“Este Cuerpo Colegiado de la CNDH hace un respetuoso llamado para que, en un ejercicio de coherencia y compromiso con el respeto a los derechos y libertades básicas de las personas, y de cumplimiento a los estándares internacionales, se revise el apartado correspondiente al Plan de Seguridad Pública para que contemple una estrategia integral y razonada que, sin desconocer el trascendente papel de nuestras fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, prevea una ruta para corregir las deficiencias, así como para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles federales, locales y municipales para que asuman la seguridad pública y haya un plan para el retorno gradual y verificable de las fuerzas armadas a las tareas que les son propias”.
En un comunicado, el CC consideró que pretender desvincular a la Guardia Nacional de las fuerzas armadas “no cambia en los hechos la realidad de que estará integrada mayoritariamente por personal del Ejército y de la Marina, y actuará conforme a esquemas propios del orden y disciplina castrense, bajo un modelo de división territorial y facultades amplias que es ajeno al que rige a las autoridades e instituciones civiles, quedando la coordinación y mando operativo a cargo de personal militar, con lo que implícitamente se subordina a las autoridades civiles a los mandatos y órdenes de autoridades militares, con independencia de la denominación formal que se pretenda dar a las mismas”.
La eventual reforma constitucional para quitar a las autoridades civiles la responsabilidad de asumir la seguridad pública y otorgarla a un cuerpo de franco corte militar, advirtió el CC, no subsanaría los vicios y lo improcedente que desde la perspectiva de los derechos humanos resultaría implementar una política pública como la que se contempla en dicho plan.
“La presencia de las fuerzas armadas no debe verse, bajo ningún concepto, como opción permanente y esencial para recuperar la paz, seguridad y respeto a los derechos humanos que la sociedad reclama, ni será la respuesta a los problemas de impunidad, corrupción, exclusión y desigualdad que enfrentamos”.
El pleno del CC reconoció “la contribución y sacrificios” de las fuerzas armadas para hacer frente a la grave situación de violencia e inseguridad en diversas regiones del país, la cual, si bien se explica y justifica por la necesidad de reaccionar ante situaciones críticas, también ha demostrado lo limitado de sus alcances y efectos. Su presencia, agregó, no ha podido, por sí misma, prevenir o atender los miles de casos de homicidios y personas desaparecidas, además de que han ocurrido muchos casos de violaciones a los derechos humanos.
“Los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, organizaciones civiles, académicos y expertos en seguridad que se pronunciaron contra la ley de seguridad interior, recientemente declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, evidenciaron la necesidad de un replanteamiento general e integral de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, restringiendo lo más posible la participación de las fuerzas armadas y buscando fortalecer y desarrollar a las instituciones civiles como encargadas de la seguridad pública, lo que pasa por la creación de fiscalías verdaderamente autónomas e independientes, que va más allá de la formación de cuerpos reactivos que sustenten su actuación en el uso de la fuerza principalmente”.
El CC expresó su compromiso para emprender acciones que contribuyan a lograr los objetivos preventivos propuestos en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 presentado por López Obrtador, en particular en los ámbitos del fortalecimiento de una cultura de derechos humanos, la divulgación y formación ética de la sociedad, la generación de insumos que enriquezcan el replanteamiento desde una perspectiva de derechos humanos de las políticas de producción y consumo de drogas, y la construcción de una cultura de paz, con apoyo en modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas; la recuperación y dignificación de las cárceles; el combate a la corrupción e impunidad, y la revisión de la problemática del país en materia de seguridad y justicia, “incluida una reflexión sobre las relaciones entre militares y población civil en la que, bajo una óptica de derechos humanos, se propongan opciones para la coyuntura crítica que se enfrenta en la materia”.
