El Congreso de la Unión deberá legislar al respecto para adecuar la Ley General de Salud, una vez que se concrete el proceso de elaboración de la jurisprudencia y se publique en el Semanario Judicial de la Federación.

La Jornada

CIUDAD DE MÉXICO.- En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se generó jurisprudencia en torno al uso de mariguana con fines lúdicos y recreativos, al reiterar, por quinta ocasión, la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo del enervante.

Lo anterior, luego de que ayer los integrantes de la primera sala aprobaron por cuatro votos a uno los proyectos presentados por los ministros Norma Lucía Piña Hernández y Arturo Zaldívar, y de esta manera se alcanzó la cifra necesaria de sentencias con los mismos considerandos, situación requerida para establecer jurisprudencia en el tema, y con ello también se consideran inconstitucionales diversos ordenamientos restrictivos de la Ley General de Salud.

Con estos dos juicios de amparo en los que la SCJN otorgó la protección de la justicia federal, el Congreso de la Unión deberá legislar al respecto para adecuar la Ley General de Salud, una vez que se concrete el proceso de elaboración de la jurisprudencia y se publique en el Semanario Judicial de la Federación.

De esta manera, las resoluciones dictadas por la primera sala señala que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan –sin interferencia alguna– qué tipo de actividades lúdicas desean realizar y protege todas las acciones necesarias para materializar esa elección.

Aunque, señalaron que ese derecho no es absoluto y podría regularse el consumo de ciertas sustancias, pero las afectaciones que provoca la mariguana no justifican una prohibición absoluta a su consumo, por tanto, se ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que autorice a quienes han obtenido los amparos para consumir mariguana la adquisición de semilla para el cultivo de la planta, sin que ello les permita comercializarla ni utilizar otros estupefacientes o sicotrópicos, y el consumo de la cannabis debe realizarse únicamente dentro de sus viviendas.

La historia de este proceso de jurisprudencia –que no significa legalizar el consumo de mariguana para todas las personas, sino únicamente para quienes obtengan la protección de la justicia federal–, fue sostenido por primera vez el 4 de noviembre de 2015, a propuesta del ministro Arturo Zaldívar, dentro del juicio de amparo en revisión 237/2014, y fue reiterado posteriormente en los amparos en revisión 1115/2017 y 623/2017, estos últimos fueron resueltos en favor de los solicitantes en abril y junio de este año.

Con la aprobación de los amparos de ayer, y al existir cinco precedentes en el mismo sentido sobre el tema, el criterio será obligatorio para todos los tribunales del país, y ello permite que cualquier ciudadano que promueva un recurso de amparo pueda obtener –de forma individual– los permisos correspondientes para consumir mariguana de manera lúdica y recreativa, sin tener que llegar a la SCJN y demandar la protección judicial.

Entre otras cosas, se consideró que el sistema de prohibiciones administrativas relacionadas con el consumo de mariguana –contenidas en los artículos 234, 235 en su último párrafo, 235 bis, así como las fracciones IV y V del 245 de la Ley General de Salud– vulneran el derecho a la identidad personal, así como los principios de pluralismo y de dignidad humana.

Lo anterior, señalan los proyectos de los amparos 547/2018 y 548/2018, afectan los derechos a la propia imagen, intimidad, libre desarrollo de la personalidad y dignidad. Estos derechos se refieren a la obligación del Estado de abstenerse de imponer modelos y estándares de vida buena ajenos a los particulares, pues no puede intervenir en asuntos de trascendencia personal y privada.

Asimismo, resaltan que “los artículos de la Ley General de Salud que prohíben la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión y transporte de mariguana –así como su adquisición e importación– son inconstitucionales, porque violan los derechos a la autoderminación, libertad individual y dignidad (ya que) la elección de consumirla es una decisión estrictamente personal, pues el individuo es quien padece el cambio de percepción, ánimo y estado de conciencia, afrontando las consecuencias de su decisión”.

Es oficial: ¡se pone fin a la pensión a ex presidentes!’ celebró Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, en un mensaje publicado en Twitter

Excélsior

CIUDAD DE MÉXICO. – “Es oficial: ¡se pone fin a la pensión a ex presidentes!” celebró Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, que muestra la imagen de un oficio dirigido a la Secretaría de Gobernación, mediante el cual se solicita publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Es oficial: ¡se pone fin a la pensión a ex presidentes! @DiputadosMorena @Mx_Diputados @PartidoMorenaMx https://t.co/qR18M80N9p

— Mario Delgado (@mario_delgado) October 31, 2018

Con la publicación de esta Ley se pone fin a las pensiones de los expresidentes de México, y se prohíbe que ningún funcionario público del país pueda percibir un salario mayor al del presidente de la República.

El documento, girado por el presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, solicita al director general del DOF, Alejandro López González publicar el decreto por el que se expide la Ley aprobada en el Congreso de la Unión el pasado 13 se septiembre, que reglamenta los artículos 75 y 127 constitucionales.

En cumplimiento de la atribución que me confiere el inciso b) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez cumplidos los plazos, he ordenado la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en el Diario Oficial. pic.twitter.com/h1JSzf1fND

— Martí Batres (@martibatres) October 31, 2018

La cancelación de las pensiones de los expresidentes fue una de las principales promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador. La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue el primer ordenamiento aprobado por la LXIV Legislatura, conformada, en su mayoría, por legisladores de Morena.

La Suprema Corte concluye que la prohibición de las peleas de gallos es constitucional, porque se trata de una medida idónea y necesaria para garantizar el bienestar de los animales

20 Minutos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la Nación concluyó que la prohibición de las peleas de gallos es constitucional, porque se trata de una medida idónea y necesaria para garantizar el bienestar de los animales.

Dicha instancia resolvió el amparo en revisión 163/2018, por el que se establece que son constitucionales los artículos de la Ley de Protección a los Animales para el estado de Veracruz que prohíben las peleas de gallos.

A propuesta del ministro Arturo Zaldívar, la Primera Sala del Alto Tribunal avaló el amparo en cuestión, que establece que los artículos 2º, segundo párrafo, 3º y 28, fracciones V, VIII y X de la Ley de Protección a los Animales para el estado de Veracruz no son inconstitucionales.

En la demanda de amparo, los recurrentes sostuvieron, esencialmente, que la prohibición de las peleas de gallos vulnera el derecho a la cultura, a la propiedad, a la libertad de trabajo y a la igualdad y no discriminación.

En la resolución se establece que si bien las peleas de gallos son expresión de una determinada cultura, ninguna práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales puede considerarse una expresión cultural amparada por la Constitución.

Por otro lado, la Primera Sala reconoció que las normas impugnadas afectan los derechos de propiedad sobre las aves de pelea y la libertad de trabajo de las personas que se dedican a organizar peleas de gallos.

Sin embargo, aclaró que la sentencia no se trata de una afectación desproporcionada en atención a la finalidad que persiguen dichas normas, que es la protección del bienestar animal.

Al respecto, destacó que en una sociedad libre y democrática la protección del bienestar animal es un objetivo que legítimamente puede justificar la limitación de derechos fundamentales.

Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la prohibición de las peleas de gallos es constitucional porque se trata de una medida idónea y necesaria para garantizar el bienestar animal.

Además de que con esa finalidad se compensa las afectaciones a los derechos de propiedad sobre las aves de pelea y la libertad de trabajo de las personas.

La Primera Sala también analizó si el artículo 2º de la Ley de Protección a los Animales vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación al excluir a las peleas de gallos de las actividades a las que no se aplica la ley e incluye las corridas de toros, una actividad que también supone maltrato a los animales.

Al respecto, la sentencia señala que derecho a la igualdad ante la Ley no ampara la pretensión de que se incluya a las peleas de gallos en la lista de actividades permitidas contemplada en el artículo impugnado con el argumento de que son sustancialmente equivalentes a las corridas de toros.

Ello, porque el hecho de que el artículo 2º incluya a una actividad que no debería estar comprendida en esa lista en atención a la finalidad que persigue la norma, no justifica que deban incluirse en esas excepciones a todas las actividades que implican un maltrato a los animales.

Desde la perspectiva del derecho a la igualdad, los quejosos no pueden beneficiarse de que el legislador haya sido incongruente al incluir una actividad y no a la otra.

En consecuencia, la Primera Sala confirmó la negativa del amparo solicitado por los quejosos contra la Ley de Protección a los Animales para el estado de Veracruz.