En su balance de la crisis mexicana, el organismo internacional describe a 2017 como el año con más homicidios dolosos y el más violento contra periodistas

La Jornada 

CIUDAD DE MÉXICO.- Impunidad, concluye Aministía Internacional (AI) en su informe anual sobre la situación de las garantías fundamentales en el mundo, en el capítulo México, donde documenta el asesinato de 12 reporteros, entre ellos los corresponsales de La Jornada en Chihuahua y Sinaloa, Miroslava Breach y Javier Valdez, respectivamente.

Las autoridades no realizaron avances significativos en las investigaciones de estos homicidios. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión no indagó si el trabajo de estos profesionales pudo motivar los ataques (y) el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no les brinda la protección adecuada.

En 2017, la violencia extrema aumentó en todo México, persistieron innumerables violaciones a los derechos humanos y la impunidad fue la constante, señaló el organismo.

En su balance de la crisis mexicana, AI describe a 2017 como el año con más homicidios dolosos, al tener más de 42 mil; el más violento contra periodistas, con 12 asesinados, y donde la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas son prácticas habituales.

Además, con la nueva Ley de Seguridad Interior se permitirá la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones de policía sin incluir disposiciones efectivas que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas ni la supervisión civil, con lo que se corre riesgo de que los derechos fundamentales se vulneren.

Y pese a las declaraciones de alerta de violencia de género en 12 entidades, las agresiones contra las mujeres persisten y se incrementan, la mayoría de las investigaciones fue deficiente y los responsables siguen en la impunidad.

El informe 2017-18 que se presentará este jueves, documenta la situación de los derechos humanos en 159 países y territorios. En el caso de México, indica que se produjo un incremento significativo de crímenes y que la cifra real podría ser más alta, ya que algunos no se denuncian a la policía, y no todos los denunciados derivan en medidas oficiales.

Se refiere también al destape de casos de ciberataques y espionajes, sobre todo contra activistas, defensores y periodistas (como el uso del malware Pegasus, operado por dependencias del gobierno federal).

Asimismo, plantea que en México las detenciones y reclusiones arbitrarias son generalizadas y muchas veces derivan en otras violaciones de derechos humanos como torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. En este tipo de aprehensión los agentes regularmente incumplen informar los motivos de la captura y los derechos a los sospechosos, además hay retrasos injustificados para presentarlos ante la autoridad competente.

El texto indica que la tortura es una práctica generalizada e incluye un uso alarmante de violencia sexual. Si bien la nueva ley en la materia se ha visto como un avance, apunta AI, hasta ahora los casos siguen sin castigo. La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la PGR reportó 4 mil 390 casos en revisión a nivel federal, e inició 777 investigaciones según el nuevo sistema de justicia adversarial. Pero las autoridades federales no anunciaron la presentación de cargos penales nuevos contra funcionarios públicos ni brindaron información sobre las detenciones practicadas en relación con este delito.

Sobre las desapariciones forzadas y las perpetradas por agentes no estatales (como integrantes del crimen organizado), éstas se mantienen como una práctica habitual, y los responsables gozan de impunidad casi absoluta. El caso más emblemático es el de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 y que aún no se resuelve. Los datos gubernamentales señalan 34 mil 656 personas en esa condición, aunque las cifras podrían ser mucho más altas. Por último, AI destaca la aprobación de la ley general sobre desaparición.