SALAMANCA, Gto.- La primera llamada de alguien que dijo pertenecer al cártel de las drogas de La Familia Michoacana llegó en febrero de 2015.

“Dijeron que sabían quién era yo y dónde vivía”, recordó Alberto Arredondo, un técnico de bombeo que recibió la llamada telefónica en su trabajo, una refinería de petróleo en Salamanca. “Querían información”.

Al principio, Arredondo colgó. “Pero fueron insistentes”, dijo, llamando de nuevo y exigiendo detalles sobre cuándo se bombearían los combustibles y a través de qué ductos.

Durante los siguientes dos años, dijo Arredondo, fue perseguido, secuestrado, golpeado con una pistola y apuñalado tan severamente que los cirujanos le extirparon la vesícula biliar. En diciembre del 2016 se fue a Canadá, donde busca asilo huyendo de las pandillas que roban combustible de Salamanca y otras cinco refinerías operadas por Pemex.

El robo de combustible se está convirtiendo en uno de los dilemas económicos y de seguridad más acuciantes de México, que socava más de mil millones de dólares en ingresos anuales del Estado, aterroriza a empleados y frena la inversión privada en refinerías que el Gobierno esperaba que estuvieran prosperando con capital extranjero.

Debido a la campaña del gobierno contra los narcotraficantes en los últimos años, los cárteles de la droga mexicanos se han fragmentado y están sedientos de nuevas fuentes de ingresos.

Ahora, su papel cada vez más dominante como ladrones de combustible enfrenta cara a cara a dos de los negocios más grandes en el país: las drogas y el petróleo.

Los cárteles, que el gobierno estima generan más de 2 mil millones de dólares al año, son una amenaza creciente para Pemex, que en 2016 tuvo ingresos cercanos a 52 mil millones de dólares y genera casi una quinta parte de los del gobierno.

“El negocio es más rentable que el tráfico de drogas porque implica menos riesgo”, dijo Georgina Trujillo, diputada del PRI que lidera la comisión de energía de la cámara baja, tratando de explicar la lógica de los criminales.

“No tienes que arriesgarte a cruzar la frontera para buscar un mercado”, agregó. “Todos consumimos gasolina. No todos consumimos drogas”.

Pemex no respondió a preguntas detalladas de Reuters sobre los cárteles y el robo de combustible. Reuters preguntó sobre el impacto de los cárteles en las refinerías, las medidas de seguridad de Pemex y cómo la empresa responde a la extorsión y la violencia contra sus empleados.

Un funcionario de alto nivel de la división de refinación, que pidió no ser identificado, dijo: “nos preocupa la influencia del crimen organizado”. Pero no quiso discutir el tema a fondo.

El robo de combustible no es nuevo o exclusivo de México. Sin embargo, los cárteles lo están llevando a una preocupante nueva dimensión y, en el proceso, aumentando sus ganancias.

“El robo de combustible hace a estos grupos más poderosos”, dijo un funcionario de alto nivel de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), que pidió el anonimato.

Al enfocarse en las refinerías, que ya sufren de falta de inversión, los delincuentes más notorios de México logran acceso a centros neurálgicos responsables de gran parte del suministro de combustible del país.

Eso amenaza a una industria petrolera que representa alrededor del 8 por ciento de la economía de México y crea aún más incertidumbre para un país que enfrenta las amenazas de Estados Unidos de desmantelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Es un daño al patrimonio nacional, es un daño a la seguridad nacional, es un inhibidor a la reforma y el desarrollo del mercado de energía en México”, dijo Gustavo Mohar, un exfuncionario mexicano del sector de energía y de inteligencia.

Entre 2011 y 2016, el número de tomas ilegales descubiertas en la red de combustible de México casi se quintuplicó, según un informe reciente del auditor federal. Los costos de reparación subieron casi diez veces a mil 770 millones de pesos.

Un estudio de mayo, encargado por el regulador nacional de energía y obtenido por Reuters a través de una solicitud de información, descubrió que entre 2009 y 2016 los ladrones perforaron los ductos casi cada 1.4 kilómetros (km) a lo largo de la red de ductos de unos 14 mil km de Pemex.

Después de décadas de mantenimiento deficiente, las refinerías no sólo pierden combustible, también están perdiendo dinero. Además de apagones no programados que causan grandes pérdidas operativas, los problemas de mantenimiento han provocado accidentes fatales, incluidos incendios y explosiones.

En conjunto, las refinerías han acumulado pérdidas operativas anuales de 5 mil millones de dólares en los últimos años. Mientras tanto, la producción de refinados ha caído a poco más de 700 mil barriles por día en 2017, cerca de la mitad de los niveles de producción de las refinerías en su pico de 1994.

La reforma energética del 2014 fue una iniciativa económica histórica del presidente Enrique Peña Nieto que puso fin a más de siete décadas de monopolio de Pemex en el sector petrolero.

También eliminó gradualmente subsidios que mantenían el combustible a precio bajo llevando a que los precios en las gasolineras subieran alrededor del 25 por ciento en promedio desde 2014, a pesar de que los precios mundiales del petróleo cayeron hasta un 75 por ciento en ese período.

Los precios más altos buscaban atraer compañías petroleras extranjeras y a otros inversores privados pero también sedujeron a criminales, que afectaron a las gasolineras vendiendo el combustible robado a precio de descuento.

Usando su habitual amenaza narco de “plata o plomo”, las bandas extorsionan a trabajadores de las refinerías para obtener información crucial. Sus tácticas, sumadas a las peleas entre grupos rivales por el acceso al mercado, han llevado a una escalada de la violencia en ciudades como Salamanca, que alberga un tercio de las tomas clandestinas descubiertas en 2016.

Cadáveres mutilados de trabajadores de refinerías, de policías y de supuestos ladrones de combustible aparecen cada vez más frecuentemente en esa ciudad, aterrorizando a sus 260 mil residentes. Los cárteles suelen adornar Salamanca con “narcomantas”, pancartas para marcar su territorio o con amenazas espeluznantes a sus rivales.

En Guanajuato, donde se ubica Salamanca, los investigadores abrieron mil 96 casos de asesinatos el año pasado, 14 por ciento más que en 2016 y un 71 por ciento más que en el 2013, el primer año completo de Peña Nieto en el poder.

Las entrevistas con Pemex y funcionarios de seguridad mexicanos, autoridades en Guanajuato y locales afectados por el robo de combustible describen una situación cada vez más desesperada para la industria y para la economía regional.

Las entrevistas con el extécnico de bombeo Arredondo, y Juan, un miembro del cártel y asesino confeso que se convirtió en informante federal, muestran el alto costo infligido a las personas en ambos lados del problema.

Juan, cuyo apellido Reuters aceptó no divulgar porque sigue siendo un informante, ya no está en Guanajuato. El Gobierno cree que sus aportes son creíbles y han sido corroborados, según un funcionario de alto rango de seguridad federal.