Amenazas han llevado a reporteros a abandonar sus entidades y la situación, que enfrentan después, es complicada
El Economista
CIUDAD DE MÉXICO.- El desplazamiento forzado de periodistas en México es una situación que se vuelve frecuente y que toma a las autoridades en una posición sin políticas establecidas para su atención, señaló Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras (RSF).
“El desplazamiento forzado de periodistas hacia otras entidades del país por razones de seguridad se ha ido convirtiendo en una situación cada vez más frecuente y difícil, porque hay que reconocer que las instituciones públicas no están preparadas para atender este tipo de problemáticas”, destacó.
De acuerdo con datos de la organización, durante 2017 se tiene el registro de ocho periodistas que tuvieron que dejar junto con sus familias sus lugares de origen por amenazas, mientras que de 2010 a la fecha al menos 13 se han “exiliado” en otros países, situación poco visibilizada.
RSF ubica a los estados de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Quintana Roo, Tamaulipas y Oaxaca, como las entidades donde se ha forzado a periodistas a desplazarse por razones de seguridad.
“La mayoría ya no labora, aunque algunos siguen haciendo su trabajo informativo, la situación que enfrentan es terrible porque son periodistas con familias que se desplazan por una situación de riesgo y a donde llegan no tienen trabajo, apoyos sociales, posibilidades de seguir haciendo su trabajo”, dijo Flores.
El impacto es terrible, abundó, muchos tienen que vender sus pertenencias para poder sobrevivir y enfrentar la tremenda burocracia de las instituciones que no siempre dan una respuesta inmediata e integral a sus necesidades.
Por razones de seguridad se omiten sus nombres y su ubicación actual, pues amenazas del crimen organizado obligaron a estos periodistas a abandonar sus localidades y buscar refugio junto con sus familias.
Uno de ellos, originario del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, contó que uno de los líderes del narcotráfico de la zona lo citó para exigirle que trabajara para él. La labor era simple: “debes informarme de los operativos en mi contra”.
El razonamiento del delincuente era simple: si cubres policiaca estás enterado. La respuesta fue una negativa pues, como se lo argumentó el periodista, “nosotros llegamos ya que pasaron las cosas”.
“Me quiso intimidar de mil maneras. Que trabajara con él, que le estaba poniendo el dedo, me quiso intimidar que le estaba bloqueando algunos trabajos. Ya sabes, tienes que trabajar para mí quieras o no quieras”, narró.
La inminencia de un ataque días después al descubrir gente armada en las inmediaciones de su domicilio obligó al reportero a dejar la zona y buscar refugio en otra parte del estado.
Ahí comenzó el otro “martirio” al ser desplazado. Falta de respaldo de los medios para los que trabajaba, “abandono institucional” y una falta de respuesta integral a problemáticas como escuelas para los hijos y atención médica.
“Le he pedido ayuda al Mecanismo de Atención a Periodistas, a CEAV, y esta última se ha hecho de la vista gorda.
“El mecanismo ha sido la única instancia que me ha apoyado, en ocasiones me ha depositado 300 pesos (…) ellos corren por su cuenta con la despensa, la luz, la casa, pero les digo: ‘piensan que con eso son las necesidades básicas'”, refirió.
Condiciones similares padece un periodista de la Costa Grande de Guerrero, quien desde hace cuatro meses está desplazado en la Ciudad de México.
En esta zona del país es el narcotráfico quien decide qué y cómo publicarlo. Desobedecer es dar un paso hacia la muerte. Primero una amenaza por una nota, luego otra más directa hecha por teléfono, la sentencia verbalizada.
Tras el análisis del riesgo el mecanismo lo extrae del estado. Luego viene el abandono.
