El director de la CFE se ha deslindado de las acusaciones que lo vinculan con el caso
Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.- El caso de Enrique ‘Kiki’ Camarena, un agente encubierto de la Administración de Control de Drogas (DEA) secuestrado, torturado y asesinado en febrero de 1985 en Jalisco, es uno de los más emblemáticos en la historia del crimen organizado.
Después de dos días de intensas golpizas e interrogatorios, Camarena fue asesinado por hombres del Cártel de Guadalajara con un tubo de metal. La causa certificada de su muerte fue un traumatismo craneoencefálico por un impacto directo en la cabeza.
Su homicidio detonó una intensa presión de Estados Unidos contra el gobierno de México, lo cual llevó a la desarticulación de la cúpula del grupo criminal.
A 39 años de aquel suceso, la antropóloga Ieva Jusionyte y los periodistas Juan Alberto Cedillo y Ioan Grillo dieron a conocer un documento desclasificado del gobierno de Estados Unidos que refleja las sospechas existentes, al menos desde 1986, de la posible vinculación de Manuel Bartlett Díaz con el crimen.
El memorándum fue enviado desde la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en marzo de 1986. La y los especialistas citados previamente lo obtuvieron después de dos años de solicitudes de información.
Dicho mensaje establece que la oficina diplomática en la capital mexicana tenía “fuertes sospechas de que las actividades de protección para narcotraficantes posiblemente llegaron al secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.
Si bien se trata solamente de sólidas sospechas debido a los indicios de corrupción generalizada y las actividades de extorsión de [censurado], no es difícil concluir lógicamente que estas actividades, en última instancia, benefician a los principales líderes del gobierno mexicano”.
Con información de Infobae
