“Se trata de un desafío, de un intento de usurpación del Congreso. Una acción unilateral que sienta un mal precedente y pone en riesgo el orden constitucional, así como el equilibrio entre poderes. La reforma educativa sigue vigente”, definió el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros.
Resaltó que por sí mismo, el Presidente no puede instruir a “dejar sin efecto” leyes aprobada por el Congreso, porque para ello debe seguirse el proceso Legislativo.
“Bajo ninguna acción política puede obviarse la representación democrática del Poder Legislativo”, indicó.
El priísta refirió que el artículo 49 de la Constitución define que “el Presidente no puede asumir las funciones del Poder Legislativo. No podrán reunirse dos o más de los Poderes de la Unión en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo”.
Incluso, sostuvo que se trata de “un desafío al Estado de Derecho que debe imperar en todo sistema democrático. Es un llamado a ignorar el artículo 72 constitucional que claramente establece: ‘solo el Congreso de la Unión puede reformar, abrogar o derogar una ley, exigiendo “los mismos trámites establecidos para su formación’”.
También citó que el artículo 103 dispone que corresponde al Poder Judicial resolver las controversias por “normas generales que violen los derechos humanos”, a través del amparo.
Diputados de aquellos partidos de oposición señalaron que, si bien López Obrador “está acorralado, presionado por los maestros”, ello no implica que pueda emitir un memorándum para que su gobierno no aplique la reforma educativa.
“Entendemos que el Presidente esté presionado por los compromisos políticos que hizo en campaña con la CNTE; no obstante, primero está el cumplimiento de la ley, antes de pretender usurpar o nulificar la función del Congreso para satisfacer su compromiso” con el magisterio disidente, sostuvo René Juárez.
Exigió que las dos mesas directivas del Congreso emitan un pronunciamiento, “pues con este precedente el Presidente de la República podría seguir ordenando que no se aplique cualquier disposición constitucional que no sea de su agrado”.
AMLO viola la Constitución: PRD
Por su parte, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, lamentó la decisión presidencial porque, dijo, cede ante los intereses de un grupo clientelar.
“Violar la Constitución no es prerrogativa del Presidente, las leyes en vigor deben ser aplicadas. Hacerlo de otra manera es un ultraje al Estado de Derecho”, indicó.
Evaluó que, en materia de política educativa, López Obrador “da palos de ciego, en afán de complacer a los grupos en el magisterio que fueron sus aliados en la campaña”.
Juárez Piña planteó que, en lugar de pretender asumir facultades legislativas que no le corresponden, medidas administrativas o lineamientos que no pueden estar por encima del marco normativo en materia de educación, respalde junto la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, el dictamen aprobado en las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales.
“Hace mal el presidente al priorizar el afán de las dirigencias sindicales por recuperar sus privilegios económicos y políticos, particularmente de la fracción de la CNTE que se opone al dictamen”, afirmó.
Incluso planteó la posibilidad de que “el Presidente está acorralado y frente a quienes lo presionan para que les cumpla los compromisos políticos y económicos que acordaron durante la campaña”, pero acotó que ello no le da atribuciones para asumir medidas unilaterales”.
Dijo que, si bien puede suspender la aplicación de las medidas que le corresponden de manera exclusiva a su gobierno, como el control de la nómina, “gran parte de la responsabilidad en materia educativa es concurrente con los gobiernos de los estados, municipales y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es autónomo y está obligado por mandato de ley a cumplir con su responsabilidad”.
A su vez, la diputada Martha Tagle (MC), sostuvo que ni con todo el poder del presidencialismo mexicano, López Obrador puede dejar sin efecto una parte de la Constitución.
“La única manera de abrogar la reforma educativa que se aprobó en el sexenio de Enrique Peña Nieto es con otra reforma constitucional”, definió.
También ponderó que López Obrador protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y que, en ese sentido, es el primero obligado en hacerla valer. “No puede, mediante un memorando, pretender ordenar una excepción a la Constitución cediendo a chantajes de la CNTE”, abundó.
Declaró que la Secretaría de Educación Pública está obligada a aplicar legislación vigente, de otra manera se violentan derechos de maestros que legítimamente busquen ascensos, promociones y reconocimientos, quienes se pueden amparar ante incumplimiento de la ley.
Planteó que, si López Obrador quiere cumplir al país en materia educativa, “debe dejar que se apruebe la nueva reforma por el constituyente permanente, lo que le daría la fuerza del Estado para tomar acciones y hacer de la nueva reforma educativa, la base de la transformación democrática del país”.
