Dan lectura a seis nuevas iniciativas en Diputación Permanente
Redacción
CULIACÁN, Sin.- La Diputación Permanente del Congreso del Estado dio lectura este jueves a seis nuevas iniciativas, de las cuales cuatro proponen reformas y adiciones diversas al Código Penal para el Estado de Sinaloa.
Las iniciativas leídas son las siguientes:
*Iniciativa de la diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez, de Morena, que propone reformas y adiciones diversas al Código Penal para el Estado de Sinaloa, en materia de violencia familiar.
Se propone reformar el segundo párrafo del artículo 241 Bis para elevar la pena mínima a tres años (la pena vigente es de un año) para quienes cometan el delito de violencia familiar, y también que pierdan los derechos que tenga respecto a la víctimas, incluidos los sucesorios, además de que la persona victimaria deberá ser sujeta a tratamiento psicoterapéutico o reeducativo especializado, a través de instituciones públicas o privadas, cuyos servicios deberán ser integrales, especializados y gratuitos con el fin de erradicar las conductas violentas y la eliminación de los estereotipos de supremacía masculina, y los patrones machistas que generaron la violencia.
De igual manera se propone que las penas establecidas:
Se aumentarán hasta en una tercera parte:
l. Cuando exista reincidencia por la parte activa;
II. Cuando existan datos que establezcan que se han cometido amenazas o advertencias de causar algún daño, en contra de la víctima;
III. El delito sea cometido de manera reiterada en contra de la víctima o sus hijos e hijas;
IV. Cuando la violencia familiar se cometa en presencia de niñas, niños o adolescentes;
V. Cuando la víctima fuera un menor de edad, incapaz persona discapacitada, adulta mayor, embarazada o tenga hasta tres meses posteriores al parto. Entre otras propuestas.
*Iniciativa de la diputada Moncerrat López López, del PT, que propone adicionar un párrafo tercero al artículo 272 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en materia de sancionar el ejercicio ilegal de la medicina y establecer agravantes cuando se afecte la salud o la vida de las personas.
El citado artículo establece que: Al que sin serlo, se atribuya el carácter de profesionista, ofrezca públicamente sus servicios como tal o realice actividades propias de una profesión sin tener el título correspondiente o sin la debida autorización, se le impondrá prisión de tres meses a cinco años y de veinte a doscientos días multa.
La propuesta también propone adicionar lo siguiente:
“Cuando derivado de los supuestos de este artículo consistan en la realización de procedimientos quirúrgicos, invasivos o actos propios de la medicina que requieran título profesional, cédula profesional, certificación o especialidad médica, se impondrá de tres a cinco años de prisión y de cien a doscientos días multa.
“Si como consecuencia de dichas conductas se producen lesiones, incapacidad permanente, o que puedan poner en riesgo la salud, integridad o vida de las personas, las penas se aumentarán hasta en una mitad”.
*Iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI que propone adicionar el capítulo IV denominado “Acecho” al título Quinto”, denominado “Delitos contra la paz y la seguridad de las personas” con el artículo 175 Bis A, al Código Penal para el Estado de Sinaloa, en materia de acecho.
La propuesta consiste en establecer que:
“Comete el delito de acecho quien, con la intención de intimidar o generar zozobra, de manera reiterada y persistente, por cualquier medio físico o tecnológico, vigile, persiga, busque contacto no deseado, establezca comunicación no consentida con una persona, atentando contra su seguridad, libertad de tránsito e intimidad, de tal forma que altere su normal desarrollo de vida o le provoque miedo, angustia o ansiedad.
“Este delito se perseguirá de oficio cuando la víctima sea persona menor de edad o se encuentre en situación de vulnerabilidad, y al responsable se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y de cinco a veinte días multa, sin perjuicio de aplicar las agravantes previstas en esta ley cuando la conducta se cometa contra una mujer en razón de su género”.
*Iniciativa de la diputada Rita Fierro Reyes, de Morena, que propone reformas y adiciones diversas a la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Estado de Sinaloa, en materia de regular los vehículos de movilidad no motorizados y scooters eléctricos, reconociendo los derechos y obligaciones de sus personas usuarias.
La propuesta es incluir como vehículos no motorizados a “vehículos recreativos como patines, patinetas y monopatines; vehículos utilizados para transporte personal, aquellos diseñados para desplazar a una persona como patinetes eléctricos, monopatines con manubrio o scooter eléctricos”.
De igual manera se propone adicionar que:
Los usuarios de vehículos no motorizados utilizados para transporte personal, deberán observar las siguientes disposiciones:
l. Circularán en la ciclovía o en el carril de extrema derecha lo más cerca posible del borde cuando las vialidades sobre las que transiten no cuenten con dicha infraestructura;
II. No circular a más de veinticinco kilómetros por hora en cualquier vía que transiten;
III. Solo podrá ser utilizado por una persona;
IV. No podrán circular en sentido contrario, entre vehículos, sobre las banquetas, zonas peatonales, carriles centrales o interiores de las vías de acceso controlado, puentes, pasos a desnivel, carreteras y en aquellas que existan señalamientos que restrinjan su circulación.
V. Al circular por las vialidades, en los casos de cambio de carril o viraje en alguna intersección deberá previamente señalar el sentido del movimiento a través de algún medio adecuado que permita su conocimiento a los demás usuarios de la vía. Entre otras propuestas.
*Iniciativa de las ciudadanas y ciudadanos Lucero Alinuhí Jiménez Bojórquez, Flor Leticia Castaños Monjardín, y otros, que propone reformas y adiciones diversas a la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, en materia de fortalecimiento del enfoque intercultural y de construcción de paz en el sistema educativo.
Se propone fortalecer el enfoque intercultural y de paz en el sistema educativo. En términos generales con los objetivos de:
I) Visibilizar a los pueblos indígenas como sujetos de derechos,
II) Reconocer su identidad cultural como valor educativo,
III) Incorporar como objetivo formal de la educación la enseñanza y aprendizaje de la identidad, valores étnicos y cosmovisión indígena, y
IV) Promover un modelo educativo que contribuya a la inclusión, disminución de brechas y prevención de la discriminación.
Tiene como objetivo que el Estado garantice que la educación básica y media superior integren contenidos y estrategias para promover la diversidad étnica y cultural como parte de la formación integral del alumnado.
Esto incluye no solo elementos conceptuales, sino acciones pedagógicas orientadas a fortalecer el respeto a la identidad indígena, así como su reconocimiento como patrimonio vivo de Sinaloa.
*Iniciativa del Grupo Parlamentario del PAS y las ciudadanas Rosa Emma Contreras Villapudua y Paula Liliana Díaz Quiñónez, que propone reformas y adiciones diversas de las leyes de Salud y de Seguridad Pública, en materia de fortalecer la medicina prehospitalaria mediante tecnologías de la información y coordinación interinstitucional
La iniciativa propone:
“Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las tecnologías de la información, las comunicaciones y la telemedicina prehospitalaria para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud”.
En lo que es la telemedicina prehospitalria se propone establecer lo siguiente:
“La telemedicina prehospitalaria tendrá como carácter prioritario la prestación de servicios médicos a distancia, mediante tecnologías de la información y comunicación, con fines de orientación, diagnóstico, atención inicial o seguimiento clínico, en situaciones de urgencia o emergencia, bajo los lineamientos que emita la Secretaría de Salud.
“El Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, brindará los servicios de telemedicina prehospitalaria y podrán ser prestados por instituciones públicas, privadas y sociales del Sistema Estatal de Salud, bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, y conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes”.
Asimismo, se propone establecer que “Toda persona tiene derecho al acceso igualitario y no discriminatorio a los servicios de telemedicina prehospitalaria, los cuales deberán prestarse con estándares de seguridad, calidad, eficacia, equidad, interculturalidad, y respeto a los derechos humanos”. Entre otras propuestas.
