Comparecerá ante comisiones unidas el próximo 31 de octubre; en tanto, para Pérez se asignó la fecha del 24 de octubre.

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Junta de Coordinación Política del Senado definió las fechas en que comparecerán la actual titular de Sedatu, Rosario Robles, y el secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez.

Aunque su asistencia forma parte de la glosa por el sexto informe de gobierno, se prevé que legisladores los cuestionen por los casos de desvíos con el esquema de La Estafa Maestra, que involucra recursos manejados por Sedesol y la Sedatu.

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Robles comparecerá ante comisiones unidas el próximo 31 de octubre; en tanto, para Pérez se asignó la fecha del 24 de octubre.

El diario Reforma detalló que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, comparecerá este martes 16 de octubre, y el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el 8 de noviembre ante las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales.

Este 16 de octubre Robes comparecerá en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa la comisión creada para el manejo de los cuerpos dio a conocer los avances en el caso y la causa de muerte de las víctimas. En total suman 444 cadáveres, de los cuales 162 tuvieron una muerte violenta.

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TONALÁ, Jal.- Hasta el día de hoy 228 cadáveres, de los 444 que se almacenaban en el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses (IJCF), han sido identificados informó la Comisión para el Acompañamiento y Observación del Proceso de Identificación e Inhumación, integrada por por dependencias estatales, organizaciones y familiares de víctimas.

En conferencia de prensa se detalló que de los 228 cuerpos identificados, 189 fueron ya inhumados y 39 entregados a sus familiares.

Consuelo González Jiménez, procuradora Social de Jalisco y titular de la recién creada comisión, agregó que se han identificado las causas de muerte de las 444 personas:

19 por accidente; 29 por atropellamiento; 7 por caída; 9 por choque; 1 electrocutado; 81 por enfermedad; 4 por feminicidio; 119 por homicidio; 16 por muerte natural; 39 por muerte violenta; 47 sin necropsia; 62 por causas no determinadas; 2 por quemaduras; 2 por otras causas, y 7 por suicidio.

“De esta forma, delos 444 casos, 162 muertes tienen rasgos de violencia, ya sea por feminicidio, homicidio o muerte violenta”, resaltó González Jiménez.

Explicó que el trabajo de esta comisión durante las últimas semanas ha consistido en tres etapas: la primera, de observación de expedientes para verificar que cumplan con los dictámenes establecidos; la segunda, para la identificación de los cadáveres antes de ser trasladados al cementerio, y la tercera, de observación en el cementerio para garantizar el trato digno de los cuerpos.

“Gracias al trabajo de 25 sesiones hemos logrado que 39 familias hoy tengan la certeza de lo que sucedió con sus seres queridos”, comentó Consuelo González.

Los integrantes de la comisión señalaron que al menos 20 de estas familias recibieron apoyo para la compra de féretros; el traslado; la adquisición de criptas, y la inhumación de sus familiares.

“Además los familiares y víctimas indirectas pueden acudir a la Comisión ejecutiva de Atención a Víctimas para recibir un atención integral, médica y psicológica”, añadieron.  

Reconocieron que al analizar las condiciones de trabajo del IJCF encontraron diversas irregularidades en el manejo y trato de los cadáveres que impedían el reconocimiento de los mismos y su entrega a los familiares.

Sin embargo resaltaron que de 2011 a 2018 no se detectó un incremento en el número de personas sin identificar, argumentando que la acumulación de los cadáveres se debió más bien a un mal proceder en los mecanismos de trabajo.

Sobre el tema de presupuesto se informó que el gobierno de Jalisco destinó 16 millones de pesos, de los cuales 10 mdp se destinaron para la adquisición de cámara frigorífica para 300 cuerpos y el resto para mejorar las instalaciones e infraestructura del IJCF.

El 14 de septiembre pasado se reportó el hallazgo de una caja de tráiler que almacenaba más de 150 cadáveres, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Días después se supo que los cuerpos, no identificados, eran responsabilidad del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía General de Jalisco, quienes rentaban cajas frigoríficas para almacenarlos ante la falta de espacio.

Posteriormente se dio a conocer que el gobierno de Jalisco, mediante la fiscalía, llevaba al menos año y medio con estas prácticas.

A consecuencias de esto, Luis Octavio Cotero Bernal, exdirector del IJFC, fue destituido de su cargo y el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval anunció medidas para la identificación de los cadáveres además de la creación de la Comisión para el Acompañamiento y Observación del Proceso de Identificación e Inhumación.